Actualmente se debate en el Congreso un
proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno. Sin entrar a
discutir los detalles, quisiera resaltar algunas ideas referentes al contexto
en el que se discute la propuesta, el cual tiene dos características
particulares. Por una parte, a nivel mundial el paradigma económico que
predominó durante los últimos treinta años – que se enfocaba en temas de
eficiencia ignorando los aspectos de distribución y justicia –está cambiando. A
nivel nacional, por otra parte, la iniciativa legislativa no surgió a raíz de
necesidades presupuestales como solía acontecer en el pasado.
En cuanto al primer punto, hace poco la revista
The Economist publicó un informe especial sobre el creciente nivel de desigualdad
en ingresos, catalogándolo como uno de los retos más grandes de nuestra época.
Según el informe, el movimiento de indignados que nació después de la crisis
financiera internacional desapareció pero logró llamar la atención sobre la dramática
concentración de los ingresos durante los últimos 30 años y consolidar el tema en
la agenda política.
La teoría económica que se impuso durante esos
años considera que es inevitable una mayor desigualdad a medida que una
economía crece y que aquella puede ser beneficiosa para el crecimiento. Sin
embargo, ahora se tiende a reconocer que la desigualdad excesiva puede ser perjudicial
para el mismo desarrollo económico porque puede impedir que personas talentosas
pero pobres accedan a la educación, alimentar resentimientos que resulten en
políticas populistas perjudiciales o debilitar las instituciones a favor de las
élites.
En relación a la situación presupuestal en Colombia,
la reforma debe aprovecharse para volver más progresivo – el que más tiene paga
más – el sistema tributario ya que, como lo reconoce el texto del proyecto, Colombia
es uno de los países más desiguales en el mundo. Jorge A. Rodríguez, director
del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad
Nacional, señala que muchos incentivos tributarios que se otorgan con el argumento de que promueven
la inversión y por tanto el empleo, en realidad no cumplen ese fin sino que
terminan beneficiando a unos cuantos grupos privilegiados.
Por ejemplo, la deducción del 30% en el
impuesto de renta por inversión en activos fijos establecida de manera temporal por la Ley 863 de 2003 – aumentada al 40% y hecha
permanente por la Ley 1111 de 2006 – fue ineficaz para incentivar la inversión. Otros
factores como la estabilidad social e institucional, la calidad de la mano de
obra y la infraestructura, pueden ser factores más decisivos para fomentar inversión
que genere empleo y transfiera conocimiento.
La reforma tributaria debe representar otra
oportunidad para reducir la desigualdad en Colombia, mejorando las
oportunidades de movilidad social para los menos favorecidos. Para esto es
necesario seguir de manera crítica la manera como votan nuestros legisladores
con el fin de compensar la presión que ejercen sobre ellos grupos con capacidad
de invertir grandes sumas de dinero – como las multinacionales que explotan los recursos naturales
– para mover injustamente el sistema a su favor.
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