miércoles, 13 de noviembre de 2013

¿Mujer carne de res?


El martes pasado Andrés Jaramillo, el propietario del restaurante  “Andrés Carne de Res”, sugirió que la supuesta violación de la que fue víctima una joven en el famoso establecimiento fue a causa de su minifalda. Para defender la tesis de que fue una relación buscada, Jaramillo  argumentó que “una niña que llega con un sobretodo y debajo una minifalda, ¿a qué está jugando?, y después para exculpar pecados diga que la violaron”.

Independientemente de si la versión de la joven de 19 años resulta ser cierta o no, el incidente representa una oportunidad para cuestionar nuevamente el papel que todavía juega el machismo en Colombia. Según el último Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD, los patrones culturales derivados del machismo se arraigan más en las poblaciones rurales que en las urbanas. Sin embargo, este caso evidencia que este mal en realidad penetra nuestra sociedad de abajo a arriba. Aunque el señor Jaramillo se codea con la crema y nata de la elite colombiana, su argumentación se parece mucho al popular “quien la manda a vestirse así” o al “pues si se viste así es buscando algo” u otros de similar galanura.

Razonamientos como estos serían impensables en un país más civilizado. Allá las mujeres se visten como se sientan mejor – incluso mucho más ligeras que acá – pero a nadie se le ocurre que eso pueda llevar a justificar una agresión sexual. Más aún, en la calle ningún hombre les dice cosas obscenas o las mira como un pedazo de carne de res.  Acá, por el contrario, muchas personas, hombres y mujeres, crecen pensando que ese tipo de comportamientos es inherente a la naturaleza masculina: “eso es normal en un macho”.

El machismo se percibe en muchas situaciones y costumbres en nuestro país. Por ejemplo, a muchas mujeres se les tiende a juzgar despectivamente por su comportamiento sexual – mientras que el mismo comportamiento en los hombres se alaba – y se les tiende a remunerar por debajo del salario de los hombres. Peor aún, a muchas mujeres todavía sus parejas las maltratan físicamente. Por ejemplo, según el reciente Informe Decenal de Cultura Ciudadana para Bogotá realizado por Corpovisionarios, el 8% de las lesiones de pareja fueron motivadas por el machismo.

Por eso el informe exhorta a que el problema de violencia intrafamiliar deje de verse como un asunto doméstico o privado, para ser entendido, intervenido y rechazado como un problema de violencia social. Como lo señala el informe, el trabajo preventivo con victimarios, la focalización en la violencia de pareja y el desmonte del machismo son necesidades apremiantes.

El rechazo social a los imaginarios basados en esa visión y la educación en todos los niveles son indispensables. Se necesita que a la mujer se le empiece realmente a valorar, que se destaque por su inteligencia y capacidades y no primordialmente por su apariencia física. Se necesita más el protagonismo de la mujer en la empresa, la política, las artes, la academia y las ciencias para que los roles modelo para las niñas no sean solamente los que representan las mujeres en Protagonistas de novela. 

Huila: ¿un lavadero?


Siempre he sentido admiración por las personas que se lanzan a crear empresa, que montan un negocio, que tienen la valentía de invertir e innovar esperando un mayor retorno. Y es que todo colombiano debe valorar la actividad de los emprendedores por su contribución al bienestar general y desarrollo del país.

Pero esa actividad debe ser legal de otra manera debe ser repudiada enérgicamente por toda la sociedad.

Algunas personas han sonado las alarmas de que en el Huila se está presentando y acentuando el fenómeno del lavado de activos. Sectores como el de la construcción, el turismo y la piscicultura, entre otros, estarían siendo infiltrados y presentando casos de lavado de activos.

Los huilenses no podemos tolerar este tipo de delitos por varias razones. Primero, el lavado de activos ilícitos es una actividad condenada por la ley, cuyo respeto garantiza el orden y la convivencia en una sociedad. Los recursos que se buscan legalizar provienen de actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando, la extorsión, el tráfico de personas; en fin, actividades que desde el punto de vista moral y humano no podemos apoyar.

De igual manera, el lavado de activos desestimula la economía legal y afecta a los emprendedores que honestamente han tenido la iniciativa de crear empresa y dar empleo formal. Muchos tienen que cerrar sus negocios porque no pueden competir contra otros que fueron constituidos como fachada para legalizar recursos ilícitos y se pueden dar el lujo de ofrecer precios mucho más bajos.

El lavado de activos muchas veces alimenta redes delictivas compuestas por narcotraficantes, guerrilleros, políticos y contratistas corruptos, bandas criminales y funcionarios públicos deshonestos. En ese sentido, contribuye también a acentuar la corrupción  y el subdesarrollo de la región.

Por último, y no menos peor, el lavado de dineros ilícitos fomenta la cultura mafiosa de dinero fácil que conduce a la degradación social y a la violencia. Recordemos, por ejemplo, el caso de Medellín y Cali. Estas ciudades vivieron bonanzas económicas temporales debido a estos dineros, las cuales fueron seguidas por años de violencia, miedo, captura de las instituciones por bandidos y degradación del tejido social y moral. Sólo hasta hace algunos años Medellín logró recuperarse en cierta medida y Cali hasta ahora lo está haciendo. Los huilenses no podemos ser de doble moral y pensar incluso que este fenómeno representa un beneficio.

El gobernador debe liderar una campaña integral contra el lavado de activos en el departamento, involucrando a la policía, la fiscalía, la DIAN, los gremios y a todos los demás entes de control. A la vez, con el fin de aumentar la movilidad social en el departamento, se debe invertir más en educación y, sobre todo, hacer un esfuerzo renovado y creativo para mejorarla. A los niños y jóvenes se les debe enseñar el valor del trabajo honesto, que el dinero fácil –por lo menos limpio – no existe. También se requiere de sanción social, es decir, que la sociedad no rinda pleitesía y rechace la actividad de los testaferros. Hay que parar a tiempo la cultura social tolerante de la ilegalidad mafiosa en el Huila.