Siempre he sentido admiración por las personas que se lanzan a
crear empresa, que montan un negocio, que tienen la valentía de invertir e
innovar esperando un mayor retorno. Y es que todo colombiano debe valorar la
actividad de los emprendedores por su contribución al bienestar general y
desarrollo del país.
Pero esa actividad debe ser legal de otra manera debe ser
repudiada enérgicamente por toda la sociedad.
Algunas personas han sonado las alarmas de que en el Huila se está
presentando y acentuando el fenómeno del lavado de activos. Sectores como el de
la construcción, el turismo y la piscicultura, entre otros, estarían siendo
infiltrados y presentando casos de lavado de activos.
Los huilenses no podemos tolerar este tipo de delitos por varias
razones. Primero, el lavado de activos ilícitos es una actividad condenada por
la ley, cuyo respeto garantiza el orden y la convivencia en una sociedad. Los
recursos que se buscan legalizar provienen de actividades ilícitas como el
narcotráfico, el contrabando, la extorsión, el tráfico de personas; en fin,
actividades que desde el punto de vista moral y humano no podemos apoyar.
De igual manera, el lavado de activos desestimula la economía
legal y afecta a los emprendedores que honestamente han tenido la iniciativa de
crear empresa y dar empleo formal. Muchos tienen que cerrar sus negocios porque
no pueden competir contra otros que fueron constituidos como fachada para
legalizar recursos ilícitos y se pueden dar el lujo de ofrecer precios mucho
más bajos.
El lavado de activos muchas veces alimenta redes delictivas
compuestas por narcotraficantes, guerrilleros, políticos y contratistas
corruptos, bandas criminales y funcionarios públicos deshonestos. En ese
sentido, contribuye también a acentuar la corrupción y el subdesarrollo de la región.
Por último, y no menos peor, el lavado de dineros ilícitos fomenta
la cultura mafiosa de dinero fácil que conduce a la degradación social y a la
violencia. Recordemos, por ejemplo, el caso de Medellín y Cali. Estas ciudades
vivieron bonanzas económicas temporales debido a estos dineros, las cuales
fueron seguidas por años de violencia, miedo, captura de las instituciones por
bandidos y degradación del tejido social y moral. Sólo hasta hace algunos años
Medellín logró recuperarse en cierta medida y Cali hasta ahora lo está
haciendo. Los huilenses no podemos ser de doble moral y pensar incluso que este
fenómeno representa un beneficio.
El gobernador debe liderar una campaña integral contra el lavado
de activos en el departamento, involucrando a la policía, la fiscalía, la DIAN,
los gremios y a todos los demás entes de control. A la vez, con el fin de
aumentar la movilidad social en el departamento, se debe invertir más en
educación y, sobre todo, hacer un esfuerzo renovado y creativo para mejorarla. A
los niños y jóvenes se les debe enseñar el valor del trabajo honesto, que el
dinero fácil –por lo menos limpio – no existe. También se requiere de sanción
social, es decir, que la sociedad no rinda pleitesía y rechace la actividad de
los testaferros. Hay que parar a tiempo la cultura social tolerante de la
ilegalidad mafiosa en el Huila.
No hay comentarios:
Publicar un comentario