miércoles, 13 de noviembre de 2013

Huila: ¿un lavadero?


Siempre he sentido admiración por las personas que se lanzan a crear empresa, que montan un negocio, que tienen la valentía de invertir e innovar esperando un mayor retorno. Y es que todo colombiano debe valorar la actividad de los emprendedores por su contribución al bienestar general y desarrollo del país.

Pero esa actividad debe ser legal de otra manera debe ser repudiada enérgicamente por toda la sociedad.

Algunas personas han sonado las alarmas de que en el Huila se está presentando y acentuando el fenómeno del lavado de activos. Sectores como el de la construcción, el turismo y la piscicultura, entre otros, estarían siendo infiltrados y presentando casos de lavado de activos.

Los huilenses no podemos tolerar este tipo de delitos por varias razones. Primero, el lavado de activos ilícitos es una actividad condenada por la ley, cuyo respeto garantiza el orden y la convivencia en una sociedad. Los recursos que se buscan legalizar provienen de actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando, la extorsión, el tráfico de personas; en fin, actividades que desde el punto de vista moral y humano no podemos apoyar.

De igual manera, el lavado de activos desestimula la economía legal y afecta a los emprendedores que honestamente han tenido la iniciativa de crear empresa y dar empleo formal. Muchos tienen que cerrar sus negocios porque no pueden competir contra otros que fueron constituidos como fachada para legalizar recursos ilícitos y se pueden dar el lujo de ofrecer precios mucho más bajos.

El lavado de activos muchas veces alimenta redes delictivas compuestas por narcotraficantes, guerrilleros, políticos y contratistas corruptos, bandas criminales y funcionarios públicos deshonestos. En ese sentido, contribuye también a acentuar la corrupción  y el subdesarrollo de la región.

Por último, y no menos peor, el lavado de dineros ilícitos fomenta la cultura mafiosa de dinero fácil que conduce a la degradación social y a la violencia. Recordemos, por ejemplo, el caso de Medellín y Cali. Estas ciudades vivieron bonanzas económicas temporales debido a estos dineros, las cuales fueron seguidas por años de violencia, miedo, captura de las instituciones por bandidos y degradación del tejido social y moral. Sólo hasta hace algunos años Medellín logró recuperarse en cierta medida y Cali hasta ahora lo está haciendo. Los huilenses no podemos ser de doble moral y pensar incluso que este fenómeno representa un beneficio.

El gobernador debe liderar una campaña integral contra el lavado de activos en el departamento, involucrando a la policía, la fiscalía, la DIAN, los gremios y a todos los demás entes de control. A la vez, con el fin de aumentar la movilidad social en el departamento, se debe invertir más en educación y, sobre todo, hacer un esfuerzo renovado y creativo para mejorarla. A los niños y jóvenes se les debe enseñar el valor del trabajo honesto, que el dinero fácil –por lo menos limpio – no existe. También se requiere de sanción social, es decir, que la sociedad no rinda pleitesía y rechace la actividad de los testaferros. Hay que parar a tiempo la cultura social tolerante de la ilegalidad mafiosa en el Huila. 

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