Neivanos: ¡Hagámonos resPTAR!

Es necesario insistir: La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para Neiva podría ser otro ‘elefante blanco’ si los funcionarios de la actual Administración siguen empecinados en construir la alternativa que más incrementaría la factura del agua para los neivanos.

El lunes pasado se llevó a cabo una reunión de “socialización” del proyecto en la Gobernación del Huila (sí, una reunión en pleno lunes festivo a las cinco de la tarde), auspiciada por Ariel Rincón, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Neiva. A dicho evento no dejaron ingresar a miembros del Comité de Veedurías que hacen parte de la Mesa Técnica  y a otras personas con el argumento de que era una reunión de carácter técnico y gremial, según nos informó el señor Rincón.

La reunión era prácticamente para informar que ya compraron el lote al lado del Puente Santander para construir la planta. El señor Rincón manifestó que se deben dejar a un lado los cuestionamientos técnicos para sacar adelante este proyecto que va a mejorar la competitividad de la capital huilense. A pesar de que el asunto es eminentemente técnico, ese es el argumento que han utilizado en repetidas ocasiones para desestimar y evitar analizar en detalle los diversos cuestionamientos que han planteado los expertos de la Mesa Técnica.

Los resultados de todo estudio técnico son sujetos a error y debate debido a los supuestos, estimaciones, metodologías o modelos que se utilizan. Por eso es trascendental someterlos a una discusión amplia con las personas que tengan la experticia necesaria; más aún cuando los costos de operación y mantenimiento de una PTAR deben ser sufragados por los usuarios del servicio de agua a través de la factura mensual. Un tipo de planta podría significar un incremento de $50 mil en el recibo del agua mientras otro significaría menos de $5 mil. El proceso debe ser transparente y participativo ya que es una inversión muy grande y con un impacto significativo en el largo plazo. 

La opción defendida por el Consorcio Neiva 2009, contratista a cargo de los estudios y diseños, es la más costosa de construir (esto lo beneficia porque entre más cueste, más dinero gana ya que obtiene el 5% del valor del proyecto). ¿Por qué la Administración acepta a la ligera los resultados supuestamente técnicos de los estudios si todavía no hay ni siquiera ingeniería de detalle ni diseños que sustenten las estimaciones y comparaciones entre las alternativas consideradas? ¿Por qué ante los constantes incumplimientos de los términos del contrato no lo ha liquidado? Además, ¿por qué la interventoría es hecha por las mismas Empresas Públicas de Neiva si no tiene la capacidad técnica mínima para realizarla?

Los áulicos o chupamedias de turno salen a defender el proyecto diciendo simplemente que es necesario construir la PTAR (como si eso estuviera en duda) o que las propuestas de los ‘dinosaurios’ miembros de la Mesa Técnica están mandadas a recoger.

Pues resulta que los argumentos de estos expertos son respaldados por autoridades internacionales y nacionales en la materia. Por ejemplo, un estudio técnico reciente del Instituto de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Innsbruck en Austria dice que “a diferencia de Europa, donde las plantas de Lodos Activados [el tipo de planta propuesta por la administración] son la primera opción, las condiciones específicas de Latinoamérica promueven soluciones técnicas alternativas” debido a que las temperaturas en el trópico son altas, hay tierras disponibles y hay poco equipo mecánico especializado para tratamiento de aguas residuales producido localmente. De ahí que, según el estudio, se tenga una preferencia por tecnologías simples, de bajo costo y con bajo consumo de energía en la operación. Tal es el caso de las Lagunas de Oxidación o Facultativas, la alternativa que la Mesa Técnica ha solicitado que se estudie con mayor profundidad. 

Patricia Torres, ingeniera sanitaria con doctorado en ingeniería civil y profesora titular de la Universidad del Valle, también avala lo anterior y muestra que los Lodos Activados  no solamente cuestan en promedio tres veces más que las Lagunas de Oxidación sino que sus costos de operación y mantenimiento pueden ser 15 veces más altos.

Lo que se quiere es que, como en toda inversión, se evalúen bien las posibles alternativas y sus implicaciones. Ya tenemos el precedente del aumento en las tarifas de aseo debido a un contrato que se otorgó a veinte años sobre el cual persisten todavía muchos cuestionamientos. En este caso también algo huele mal y no son las aguas residuales. Tarifas altas de servicios públicos es lo que realmente afecta la competitividad y, sobre todo, el bienestar de los neivanos. Por eso no podemos resignarnos ni permitir que unos cuantos sigan realizando desvergonzadamente este tipo de actuaciones. ¡Hagámonos respetar!

En malas manos

Para los colombianos ya es habitual hablar, por un lado,  del potencial y de las grandes riquezas de nuestro país que nos enorgullecen y, por otro, de los problemas de pobreza, desigualdad, violencia y corrupción que nos desalientan.

¿Qué hacer? ¿Podemos hacer algo? Mejor aún, ¿nos interesa hacer algo? ¿Somos, acaso, una estirpe condenada a cien años de soledad sin una segunda oportunidad sobre la tierra? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el problema central, el asunto de fondo?

Yo, al igual que el desaparecido Jaime Garzón, estoy convencido de que lo que pasa es que estamos en malas manos. El problema no es la guerrilla, el narcotráfico, la hegemonía estadounidense o las multinacionales. Es la clase política que orienta el rumbo de la nación. Precisamente, hace poco tanto Rafael Correa como Pepe Mujica dijeron que el problema no es técnico o ambiental, sino político. Lo dicen dos presidentes que han emprendido reformas políticas profundas y han aumentado considerablemente el bienestar de sus ciudadanos.

Esa explicación, sin embargo, nos sacude a todos. En efecto, un profesor de ciencia política en el pregrado nos decía que no nos debemos aterrar, por ejemplo, de un Congreso ya que este es el reflejo de un pueblo. En ese sentido muchos podemos ser responsables de que estemos en malas manos.

¿Por qué elegimos políticos corruptos? Algunas personas excluidas del desarrollo y que viven en pobreza lo hacen a veces por necesidad, por cuestión de supervivencia o ignorancia. ¿Pero las que no? ¿Por qué no exigimos la honestidad en los que nos van a representar y van a dirigir el destino del “barco Colombia”?

Al respecto, algunos estudiosos del tema han hablado de que en Colombia se ha venido consolidando una “cultura mafiosa”, una “cultura de la ilegalidad”, del dinero fácil, del “todo vale”, de “aprovechar el papayaso”. Una cultura en la que las bases morales de nuestra sociedad se están agrietando. Una cultura en la que los valores éticos más mínimos y necesarios para convivir se están desmoronando. ¿Hemos adoptado una posición cínica en la que creemos que ya es imposible o, por lo menos, desventajoso ser honesto o cumplir las leyes y las normas sociales? ¿Empezamos a carecer de un sistema de comportamientos sociales aceptables? ¿Estamos perdiendo los valores colectivos indispensables para consolidar una verdadera democracia?

Se aproximan elecciones y ya muchos candidatos empiezan a gastar alarmantes cantidades de dinero en rifas y bingos, en publicidad y en mercados para los pobres. Los veremos repartiendo regalos en navidad y útiles escolares en enero. Su interés real no es sacar a estas “clientelas” de la pobreza sino, todo lo contrario: mantenerlas  pobres y acostumbradas al asistencialismo y a las limosnas; de esa forma podrán enriquecerse fácilmente con los recursos públicos.

Lo peor es que no se percibe una mejoría con el relevo generacional. Muchos de los jóvenes que están incursionando en la política y que se presentan como una renovación vienen utilizando las mismas prácticas políticas, muchas veces de la mano de un político tradicional. Su interés es obtener cuotas burocráticas para ofrecer puestos y comprar apoyo electoral y después desde ahí dirigir contratos y obras a los que los apoyaron y a los que les pagarán una coima adicional. Por eso no hacen control político o ejecutan bien las obras porque la finalidad es sacar el máximo provecho del presupuesto público para pagar sus campañas y consolidar sus empresas electorales que en muchos casos son familiares. A ellos no les interesa prepararse, rodearse bien o dignificar a los ciudadanos. El resultado es que acabamos con obras inservibles y mediocres o servicios públicos costosos e ineficientes.

Así pues, estamos en un círculo vicioso: Para tener políticos y líderes decentes necesitamos votar por ellos. Pero para eso necesitamos ciudadanos decentes que valoren la decencia; personas educadas con juicio crítico; ciudadanos consientes de sus derechos en vez de limosneros que se conforman con migajas. Pero para esto necesitamos líderes que inviertan en la educación y en la dignificación de sus ciudadanos. Eh ahí el círculo.

¿Cómo salimos de ese círculo? ¿Cómo podemos empezar a romperlo? ¿Somos consientes de que necesitamos romperlo para alcanzar un mayor bienestar en nuestro país? O ¿somos indiferentes? ¿Qué hacemos entonces? ¿Elevar las penas por corrupción o reformar la ley de contratación? En realidad, de nada sirve crear más instituciones y leyes o reformar las existentes si los individuos que las componen o deben obedecer no presentan un comportamiento ético. Se necesita un cambio de mentalidad, de actitudes y creencias. Como lo dice Antanas Mockus, necesitamos armonizar las normas legales, morales y sociales.

¿Estamos haciendo explícitos los mínimos éticos que una sociedad democrática debe transmitir? Necesitamos dejar la indiferencia, la doble moral y comprometernos. Necesitamos pensar más en términos del interés colectivo y asumir una posición valiente de rechazo, de denuncia y de sanción social hacia la cultura mafiosa. Recordemos que Martin Luther King decía que lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos.

Funcionarios PTAR - Dos opciones para Neiva

Esta semana el noticiero CM& presentó una crónica sobre cómo Neiva es una de las ciudades que más contamina al rio Magdalena ya que vierte sus desechos y aguas servidas directamente en él (https://www.youtube.com/watch?v=D1F5T9e2GAE).

Debido a esa realidad, la Administración Municipal pretende construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). El problema es que el proyecto, tal como está planteado, afectaría  en particular a los residentes de la Comuna Uno debido a los malos olores y en general aumentaría considerablemente el valor del recibo del agua para todos los neivanos.

Primero, el alcalde y el gerente de EPN insisten en que la PTAR se construya al lado derecho del puente Santander, contrariando las normas legales que exigen que este tipo de proyectos se ubiquen fuera del área urbana. En este caso los residentes de los barrios Camilo Torres, California, El Triángulo, Cándido Leguízamo, Villa del Rio, Santa Inés, Amborco y la misma Universidad Surcolombiana, entre otros, se podrían ver afectados por los efectos ambientales nocivos. Además el terreno no permitirá las ampliaciones que se requerirían después, estaría expuesto a riesgos de inundación y podría tratar tan sólo el 70% de las aguas servidas de Neiva.

Segundo, el sistema de PTAR defendido por la Administración presenta costos de construcción, operación y mantenimiento mucho más altos que otros sistemas viables para Neiva. Como la ley exige que el usuario pague la totalidad de los costos de tratamiento, este sistema implicaría facturas bastante costosas para los neivanos y posiblemente la pérdida de los recursos invertidos en el proyecto.

El Comité de Veeduría Ciudadana de Neiva, integrado por profesionales expertos en el tema y con intachable reputación, ha venido desde hace años cuestionando de manera persistente y admirable presuntas irregularidades del proyecto y presentando alternativas mucho más benéficas para la ciudad.

El Comité ha insistido, por ejemplo, en que se evalúe un sistema de lagunas de oxidación como alternativa al sistema compacto defendido por la Administración. El primero costaría alrededor de $64.000 millones y sería más barato de operar ya que funciona con energía solar, recurso de cero costo (y ¡abundante en Neiva!), mientras que el último costaría $133.702 millones, tendría una vida útil más corta y sería más costoso de operar ya que funciona a través de equipos electromecánicos con un alto consumo de energía eléctrica.

Con las lagunas de oxidación el incremento mensual en la factura de los usuarios sería de alrededor de $5.000 pesos y con el sistema defendido por la Alcaldía sería de alrededor de $70.000 pesos. Estas son las dos opciones que tienen los funcionarios a cargo del proyecto de la PTAR. Ni los concejales de Neiva ni los llamados “entes de control” se han manifestado de manera contundente sobre el asunto.

De igual forma, el Comité ha cuestionado el hecho de que el contratista tenía que entregar los resultados del estudio en siete meses, pero ya han pasado más de tres años y la Administración no ha declarado la caducidad del contrato. Más aún cuando Fernando Silva Gómez, director del proyecto, no responde a cabalidad las observaciones hechas por especialistas en el tema, como son los reconocidos ingenieros Bosco Hernando Chicaiza, Williams Sefair, Marcos Silva y Jesús Antonio Medina.

En el 2011 se estimó  el costo total de la obra en $60.000 millones, con lo cual la consultoría costaría alrededor de $2.552 millones. Como el costo de la PTAR propuesta se ha duplicado, el valor a pagarle al contratista también se duplicaría a cerca de $5.000 millones. ¿Será que esto tiene algo que ver con la insistencia de construir la opción más costosa?

En una entrevista del 18 de julio de 2012 Aurelio Navarro, gerente de EPN, invitó a los habitantes de la Comuna Uno a tener total tranquilidad, ya que la PTAR no quedaría ubicada al costado derecho del puente Santander. Sin embargo, hoy está decidido a construirla en ese mismo sitio. Los neivanos esperamos que estos funcionarios se abstengan de ejecutar el proyecto hasta que no se realice una socialización amplia y detallada  con la comunidad en donde se responda todas las inquietudes.

EPN: ¿Empresas Podridas de Neiva?

Una delegación de la Contraloría Municipal de Neiva presentó esta semana ante el Concejo el hallazgo de un presunto detrimento patrimonial de $140 millones en las Empresas Públicas de Neiva (EPN) por la contratación de un escolta para Aurelio Navarro, gerente de la compañía, quien salió a desmentir los hechos y restarle importancia al hallazgo.

Ciertamente el hallazgo es de poca importancia en comparación a otros contratos que han sido controversiales y que están siendo investigados por los entes de control, como es el caso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Neiva y la adjudicación del servicio público de aseo.

En el último caso, las EPN le otorgaron por 20 años el manejo del servicio de aseo a Ciudad Limpia, después de haber tenido el contrato anterior por cerca de 5 años. Al principio se informó que se había estudiado la posibilidad de recibir $7000 millones en un solo monto durante los 20 años o un pago anual alrededor de los 1.000 millones durante el contrato. Si embargo, al final EPN prefirió recibir más bien el 5,45% del valor del recaudo tarifario.

Utilizando de manera conservadora la metodología de valoración y las tasas de descuento propuestas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, encontré que la opción adoptada representaría en términos de valor presente $4000 millones para EPN, es decir, tan solo un poco más de la mitad de los $7000 millones que representaban las otras dos alternativas – que en valor presente eran equivalentes. El señor Navarro se limitó a argumentar en ese momento “que las demás alternativas representaban buen dinero, pero a la vuelta de 10 o 15 años sería un escaso recurso económico”, como si no tuviera la capacidad técnica suficiente para entender la lógica financiera del negocio.

Ante unas cifras tan diferentes, ¿por qué la EPN se decidió al final por la alternativa menos rentable para la ciudad? De igual forma, como lo manifestó la misma Procuraduría, el plazo de 20 años no tiene ningún sustento técnico para un negocio de esta naturaleza. ¿Qué ha pasado con las investigaciones? Mientras pasa el tiempo, los neivanos siguen pagando facturas de servicios públicos cada vez más costosas.

EPN es un activo de los neivanos que podría estar proporcionando recursos muchísimo más altos para invertir en la educación y salud. Para eso requiere primero de una Junta Directiva con un alto grado de independencia – como es el caso, por ejemplo, en las Empresas Públicas de Medellín e Isagen – que le permita atraer personal altamente calificado y blindarse de los intereses politiqueros.

También necesita reformar su Manual de Contratación para racionalizar y hacer más transparente la contratación directa por mínima cuantía. Esto último toma mayor importancia cuando se avecina un proceso electoral y la empresa podría ser utilizada como la caja menor de la alcaldía para patrocinar la compra del apoyo de “lideres” comunales. ¡Casos se han visto!

Hasta ahora no he visto a ninguno de los precandidatos señalando estas aparentes irregularidades ni presentando propuestas para subsanarlas. ¿Será que andan más preocupados por empezar campañas publicitarias disfrazadas o que le apuestan también al “hagámonos pasito”?