La forma en que hace campaña un candidato
determina en gran medida lo que hará en su ejercicio político en caso de ser
elegido.
Si el candidato ha invertido grandes
sumas de dinero y recursos, seguramente llegará a recuperar esa inversión
saqueando los recursos públicos o secuestrando las entidades y empresas
públicas para pagarle a sus financiadores.
Uno de los principales determinantes de
la corrupción en Colombia es la financiación de las campañas políticas.
Por esa razón los servicios públicos en
Colombia tienden a ser costosos y de pésima calidad, la burocracia ineficiente
y los trámites demorados, y las obras civiles mediocres y susceptibles de
caerse.
Todo lo anterior dificulta la creación de
negocios y la generación de empleo de calidad, lo cual le conviene a los
políticos tradicionales que viven del clientelismo porque de esa manera los
cargos públicos llegan a ser muy valorados y así pueden manipular y chantajear
a los ciudadanos que se vuelven permisivos con la corrupción con tal de
conseguir un puesto de trabajo.
Fuente: Semana.com
Para romper este círculo vicioso es
necesario que los ciudadanos rechacen socialmente a los candidatos que gastan
inmensas sumas de recursos en sus campañas; aquellos que duran meses regalando
electrodomésticos (a veces camuflados en rifas o bingos), anchetas, juguetes,
ladrillos, kits escolares, postes de luz y todo tipo de prebendas con el fin de
comprar el voto.
Antes de votar por estos candidatos, un
ciudadano responsable y coherente se debería preguntar: ¿De dónde saca todos
esos recursos? ¿Con qué fin invierte tanto dinero? ¿Quién lo financia? Si los
salarios del sector público son relativamente bajos, ¿por qué ese interés
desmesurado en ganar a como de lugar? ¿A quién va a representar en caso de
resultar elegido? ¿Será independiente y luchará por los intereses colectivos de
la ciudadanía o responderá a los intereses privados y oscuros de sus financiadores?
Esos candidatos que compran líderes,
inundan los municipios con publicidad, realizando grandes eventos pomposos y
costosos, deberían por tanto levantar la sospecha de los ciudadanos del común
que se quejan de la corrupción y de la falta de oportunidades en sus
ciudades. Votar por un candidato de
estos es prácticamente apoyar una persona que va llegar a robar.
Según Juan Fernando Londoño, ex
viceministro del Interior, el día que se investiguen los inmensos gastos
electorales de ciertos candidatos y sean judicializados por ello, como por
lavado de activos, se entenderá que es mejor tener una sistema de financiación
eficaz que les evite buscar la compañía de ilegales para obtener curules. Sin
embargo, para Elisabeth Ungar, ex directora
de Transparencia por Colombia, ningún marco regulatorio garantiza, por sí
mismo, su efectividad para evitar la corrupción en este espinoso tema.
De ahí que la solución más apropiada y a
la mano de cada ciudadano es el control social a los candidatos que derrochan
inmensas sumas de dinero en sus campañas. La solución es no votar por ellos.
Los ciudadanos deben entender que
campañas austeras y transparentes permiten llegar con independencia a
desempeñar los cargos públicos y a representar los intereses colectivos de las
comunidades. Un voto responsable supone, por tanto, analizar la forma en que el
candidato hace campaña. Y esto no requiere ninguna reforma del sistema
electoral o ninguna ley nueva, solamente el interés de una ciudadanía despierta
de defender lo público y lo común como condición para poder prosperar
colectivamente.
