Una delegación de la
Contraloría Municipal de Neiva presentó esta semana ante el Concejo el hallazgo
de un presunto detrimento patrimonial de $140 millones en las Empresas Públicas
de Neiva (EPN) por la contratación de un escolta para Aurelio Navarro, gerente
de la compañía, quien salió a desmentir los hechos y restarle importancia al
hallazgo.
Ciertamente el hallazgo
es de poca importancia en comparación a otros contratos que han sido
controversiales y que están siendo investigados por los entes de control, como
es el caso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Neiva y la
adjudicación del servicio público de aseo.
En el último caso, las
EPN le otorgaron por 20 años el manejo del servicio de aseo a Ciudad Limpia, después
de haber tenido el contrato anterior por cerca de 5 años. Al
principio se informó que se había estudiado la posibilidad de recibir $7000
millones en un solo monto durante los 20 años o un pago anual alrededor de los
1.000 millones durante el contrato. Si embargo, al final EPN prefirió recibir
más bien el 5,45% del valor del recaudo tarifario.
Utilizando
de manera conservadora la metodología de valoración y las tasas de descuento
propuestas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,
encontré que la opción adoptada representaría en términos de valor presente $4000
millones para EPN, es decir, tan solo un poco más de la mitad de los $7000
millones que representaban las otras dos alternativas – que en valor presente
eran equivalentes. El señor Navarro se limitó a argumentar en ese momento “que
las demás alternativas representaban buen dinero, pero a la vuelta de 10 o 15
años sería un escaso recurso económico”, como si no tuviera la capacidad
técnica suficiente para entender la lógica financiera del negocio.
Ante
unas cifras tan diferentes, ¿por qué la EPN se decidió al final por la
alternativa menos rentable para la ciudad? De igual forma, como lo manifestó la
misma Procuraduría, el plazo de 20 años no tiene ningún sustento técnico para
un negocio de esta naturaleza. ¿Qué ha pasado con las investigaciones? Mientras
pasa el tiempo, los neivanos siguen pagando facturas de servicios públicos cada
vez más costosas.
EPN
es un activo de los neivanos que podría estar proporcionando recursos muchísimo
más altos para invertir en la educación y salud. Para eso requiere primero de
una Junta Directiva con un alto grado de independencia – como es el caso, por
ejemplo, en las Empresas Públicas de Medellín e Isagen – que le permita atraer
personal altamente calificado y blindarse de los intereses politiqueros.
También
necesita reformar su Manual de Contratación para racionalizar y hacer más
transparente la contratación directa por mínima cuantía. Esto último toma mayor
importancia cuando se avecina un proceso electoral y la empresa podría ser
utilizada como la caja menor de la alcaldía para patrocinar la compra del apoyo
de “lideres” comunales. ¡Casos se han visto!
Hasta
ahora no he visto a ninguno de los precandidatos señalando estas aparentes
irregularidades ni presentando propuestas para subsanarlas. ¿Será que andan más
preocupados por empezar campañas publicitarias disfrazadas o que le apuestan
también al “hagámonos pasito”?
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