Después de que los problemas de liquidez de Interbolsa, la mayor
comisionista de valores del país, se agravaron hasta el punto que no
pudo cumplirle a una de sus contrapartes, el Gobierno decidió liquidar
la compañía. El Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera,
sin embargo, estuvieron varias semanas intentando evitar la debacle de
este importante jugador en el sector financiero. Una quiebra desordenada
podría poner en peligro no solamente a sus clientes y contrapartes,
sino también al mismo mercado de deuda pública, ya que era uno de los
principales inversionistas en bonos del Gobierno.
Ahora que disminuyó el riesgo para el sistema – aunque todavía no se
han aclarado muchos detalles sobre el entramado de las operaciones que
había montado–, el Gobierno debe evaluar detenidamente los ajustes
normativos necesarios para disminuir la probabilidad de que se repitan
eventos como este. Es lo que varios países han venido tratando de hacer
después de las experiencias traumáticas que dejó la crisis financiera
global en el 2008.
Los estragos que causó aquella crisis fueron de tal magnitud que
muchas economías aún no se han recuperado. De hecho, esta ha sido una de
las recuperaciones más lentas de la economía mundial. El paradigma
económico que había predominado hasta entonces – y que propugnaba una
liberalización profunda del sector financiero – se está empezando a
revisar.
Durante las últimas décadas el poder de cabildeo de los grupos
financieros logró que las regulaciones que los limitaban para tomar
mayores riesgos se volvieran más laxas. Su poder influyó también en el
establecimiento académico que suministró teorías dogmáticas que
respaldaron dicha desregularización. Ahora es evidente que la
autorregulación del mercado de valores no basta y que las normas deben
volver a fortalecerse para garantizar un mercado financiero sólido y
estable.
Las posiciones dogmáticas y miopes en la academia también han
empezado a ceder terreno. La tecnocracia – que con base en aquellos
dogmas frecuentemente modeló las políticas públicas y despreció a los
que tenían opiniones diferentes – ha empezado a reconocer con humildad y
sensatez las falencias y los peligros que entraña esa visión
fundamentalista. Por ejemplo, hace poco el Fondo Monetario Internacional
desconcertó a muchos de aquellos antiguos economistas iluminados cuando
reconoció que los controles de capitales son un instrumento válido para
que un país pueda ejecutar su política macroeconómica y proteger su
economía nacional.
Mercados financieros sanos son indispensables para el funcionamiento y
desarrollo de una economía moderna. Por eso la regulación, como en
tantos otros mercados, debe promover en ellos la competencia, la
transparencia y la protección de los usuarios. Los mercados evolucionan y
se adaptan con gran facilidad; de igual manera las normas que los
regulan deben evolucionar. Ojalá el Gobierno haya escuchado este
campanazo de alerta.
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