Pasaron las
elecciones parlamentarias y, por desgracia, el resultado no sorprende. Ya se ha
comentado bastante sobre la poca renovación del Congreso en términos de
candidatos y castas políticas. Salvo unos cuantos legisladores nuevos, la gran
mayoría de congresistas seguirán representando lo mismo. Adicionalmente, con la
victoria del Centro Democrático llega la extrema derecha del país con su
delirante fanatismo a tratar de torpedear el proceso de paz.
A lo
anterior se suma la débil legitimidad otorgada por los electores al congreso
entrante ya que fue elegido por tan sólo el 21% de la población apta para
votar; la abstención (57%), los votos nulos (10.5%), los votos nulos (5.7%) y
el voto en blanco (5.5%) representaron el 79% restante.
A partir de
estos resultados desalentadores, surgen algunas propuestas para, por lo menos, tratar
de contener el deterioro de la democracia representativa en Colombia. La
primera es la necesidad de generalizar el sistema de listas cerradas y acabar
con el voto preferente. Esto, junto con otras reformas, podría fortalecer los
partidos al obligarlos a actuar con disciplina y coherencia programática; no
como ocurre actualmente con las listas abiertas en donde se manejan campañas
personalizadas por parte de cada candidato.
Segundo,
urge una reforma profunda al Consejo Nacional Electoral (CNE), autoridad
electoral altamente politizada cuyos miembros son elegidos de acuerdo al peso
que sus partidos políticos tienen en el Congreso. Según Mauricio García y
Javier Revelo en el libro “Estado Alterado: clientelismo, mafias y debilidad
institucional en Colombia”, la reforma política del 2003 fortaleció la
influencia del Legislativo en el CNE al establecer que los magistrados serían
elegidos por el Congreso de la postulación que hacen los partidos políticos,
reduciendo las posibilidades que esa institución tenía para garantizar la
transparencia y la equidad de los procesos electorales. Los autores afirman que para garantizar la
legalidad del proceso electoral es necesario que el CNE sea independiente de
los partidos, del Congreso y del gobierno.
La
inoperancia del CNE la podemos ver reflejada en la falta de control en la
financiación de las campañas – que, en su gran mayoría, desbordan los límites
establecidos por la ley – y la posterior falta de sanciones. Al respecto, y
como tercera propuesta, también es necesario reformar el régimen que regula la
financiación de las campañas. Si bien las ventajas de la financiación pública
del total de las campañas no son claras, de acuerdo al análisis de García y
Revelo se debería fortalecer el financiamiento público indirecto y los
controles institucionales. Por ejemplo, se podría garantizar el transporte
público gratuito el día de las elecciones y prohibir los aportes de
contratistas o beneficiarios directos del Estado y de organizaciones sin ánimo
de lucro.
En este
mismo sentido y en relación con la primera propuesta, los analistas mencionados
proponen que los partidos sean los únicos responsables por el manejo de los
dineros y evitando la intervención de los candidatos, los cuales deberían
contar con una cuenta única para hacerlo.
Finalmente,
el elevado número de votos no marcados y votos nulos vuelve a evidenciar la necesidad
de implementar el voto electrónico. De igual forma la abstención de muchos
colombianos también ha llevado a que muchos propongan nuevamente el voto
obligatorio como solución incluso al problema del clientelismo. Sin embargo, en
ese caso ¿podemos esperar que esos colombianos votarán por candidatos íntegros
que los representen dignamente?
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