Esta semana la Gobernación del Huila socializó con
los alcaldes los resultados de un estudio sobre cómo va el Departamento en el cumplimiento
de los Metas del Milenio para el 2015. La investigación fue realizada por la
Universidad del Rosario (todavía me pregunto por qué no se le encargó a la
Universidad Surcolombiana).
Según el informe el 25,9 por ciento de los huilenses viven en
pobreza extrema, es decir, más del doble del promedio nacional que es del 12,3
por ciento. Ambas cifras están por encima de la meta del 8,8 por ciento que ratificó
Colombia. De igual manera, el porcentaje de personas en situación de pobreza es
del 53,3 frente al 37,17 por ciento a nivel nacional. A estos problemas se
suman otros ya conocidos como el déficit de infraestructura, el aumento de la
informalidad y el trabajo mal remunerado, la carencia de industrias que generen
valor agregado y la falta de calidad en la educación, por mencionar algunos.
El Huila no progresa como podría hacerlo y, por el
contrario, pareciera que en algunos aspectos la situación empeora. El Departamento
ha sido manejado durante mucho tiempo por un grupo de políticos tradicionales y
sus secuaces como si fuera su finca propia. Por ejemplo, varias entidades públicas del Huila están capturadas por dirigentes y grupos políticos:
controlan sus nóminas, presupuestos y con quién pueden contratar. No es raro
entonces que sean ineficientes, focos de corrupción y que los servicios que
prestan sean costosos y de mala calidad.
Corrupción rampante, desigualdad y pobrezas
extremas: ¿Pueden los que nos trajeron a esta situación y se alimentan de ella
sacarnos del problema? Definitivamente no. La solución, sin embargo, no es despreciar
la política asumiendo una posición indiferente y conformista. Tampoco nos
podemos quedar eternamente quejándonos, señalando estos problemas y
despotricando contra los políticos tradicionales.
Las circunstancias están dadas para que los miembros
de la sociedad civil – por ejemplo, académicos, comerciantes, estudiantes, empresarios,
artistas y líderes cívicos – asumamos
nuestra responsabilidad y pasemos a la acción. Debemos pasar de la eterna
quejadera a la movilización organizada. Hay que empezar a crear un ambiente en
el que puedan surgir liderazgos colectivos que realmente representen una
renovación de la política regional. Para ello, lo primero es que cada uno desde
su ámbito de acción – universidad, empresa, vereda o familia – promueva un
proceso de formación de cultura ciudadana con el que se ayude a tomar
conciencia de que somos los dueños de la finca y que debemos cambiar al
mayordomo cuando no funciona. Sí se puede.
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