¡Qué no nos crean tan Celios!

La prohibición de hacer campaña por el voto en blanco emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) es una ofensa a los opitas. A través de una típica maniobra truculenta y leguleya pretenden silenciar la voz de una gran parte de la ciudadanía huilense.

Ciertamente estas elecciones a gobernador son atípicas, costosas y la interinidad supone un desgaste administrativo. Sin embargo, no por ello se puede intentar suprimir la libertad de elegir entre diferentes alternativas; menos aún cuando se tiene un solo candidato y los costos de la tendencia actual pueden ser muchísimo más altos en el mediano plazo.

La sociedad civil esta despertando y manifestando democráticamente su descontento con la forma de actuar de la clase política tradicional y los problemas que enfrenta el Departamento. No tenemos que esperar a que estos exploten – como esta ocurriendo en Casanare, por causa del cinismo de los politiqueros –  para promover cambios necesarios y saludables.

La decisión del CNE, promovida por el gerente de campaña del candidato único de la llamada Unidad Regional, fue dada a conocer por  el presidente de la corporación, el magistrado Carlos Ardila Ballesteros. El mismo señor Ardila, que compartió bancada en el Congreso con el senador Villalba, presentó ante la plenaria de esa corporación las demandas por la supuesta “realización indiscriminada” de propaganda a favor del voto, según un artículo de La Silla Vacía.

En una entrevista para el mismo artículo, Antonio Lizarazo, exmagistrado del CNE, afirmó que le “parece exagerada esta prohibición pues la participación en política hace parte de las libertades ciudadanas, independientemente de que el comité promotor se hubiese inscrito o no”. ¿Por qué quieren imponer de esta manera a su candidato? ¿Por qué no están dispuestos a enfrentar con argumentos y propuestas convincentes a este singular contrincante? Por sus obras los conoceréis. Me gustaría ver al CNE actuando con la misma diligencia y determinación ante los evidentes excesos en las campañas tradicionales que desbordan los límites legales de financiación. El deseo de evitar estos altos costos fue seguramente otra de las razones que motivaron esta alianza.

Los tiempos han cambiado. La opinión pública se ha fortalecido y se puede expresar más fácilmente. La clase media en ascenso exige mejoras sustanciales en las condiciones económicas y sociales del Huila. Si bien el voto en blanco por sí solo no es una solución a los problemas de fondo, es un buen mensaje no sólo para la clase política tradicional sino también para todos los huilenses. En todo caso, se necesitan propuestas alternativas y por eso opitas bien preparados, con fuertes principios éticos y sin compromisos turbios deben dar un paso al frente. Sí podemos. 

Los verdaderos dueños de la finca

Esta semana la Gobernación del Huila socializó con los alcaldes los resultados de un estudio sobre cómo va el Departamento en el cumplimiento de los Metas del Milenio para el 2015. La investigación fue realizada por la Universidad del Rosario (todavía me pregunto por qué no se le encargó a la Universidad Surcolombiana).

Según el informe el 25,9 por ciento de los huilenses viven en pobreza extrema, es decir, más del doble del promedio nacional que es del 12,3 por ciento. Ambas cifras están por encima de la meta del 8,8 por ciento que ratificó Colombia. De igual manera, el porcentaje de personas en situación de pobreza es del 53,3 frente al 37,17 por ciento a nivel nacional. A estos problemas se suman otros ya conocidos como el déficit de infraestructura, el aumento de la informalidad y el trabajo mal remunerado, la carencia de industrias que generen valor agregado y la falta de calidad en la educación, por mencionar algunos.

El Huila no progresa como podría hacerlo y, por el contrario, pareciera que en algunos aspectos la situación empeora. El Departamento ha sido manejado durante mucho tiempo por un grupo de políticos tradicionales y sus secuaces como si fuera su finca propia. Por ejemplo, varias entidades públicas del Huila están capturadas por dirigentes y grupos políticos: controlan sus nóminas, presupuestos y con quién pueden contratar. No es raro entonces que sean ineficientes, focos de corrupción y que los servicios que prestan sean costosos y de mala calidad.

Corrupción rampante, desigualdad y pobrezas extremas: ¿Pueden los que nos trajeron a esta situación y se alimentan de ella sacarnos del problema? Definitivamente no. La solución, sin embargo, no es despreciar la política asumiendo una posición indiferente y conformista. Tampoco nos podemos quedar eternamente quejándonos, señalando estos problemas y despotricando contra los políticos tradicionales.

Las circunstancias están dadas para que los miembros de la sociedad civil – por ejemplo, académicos, comerciantes, estudiantes, empresarios, artistas y líderes cívicos –  asumamos nuestra responsabilidad y pasemos a la acción. Debemos pasar de la eterna quejadera a la movilización organizada. Hay que empezar a crear un ambiente en el que puedan surgir liderazgos colectivos que realmente representen una renovación de la política regional. Para ello, lo primero es que cada uno desde su ámbito de acción – universidad, empresa, vereda o familia – promueva un proceso de formación de cultura ciudadana con el que se ayude a tomar conciencia de que somos los dueños de la finca y que debemos cambiar al mayordomo cuando no funciona. Sí se puede. 

¿Democracia o redención?

Ese es el dilema en Latinoamérica, afirma Enrique Krauze en su libro “Redentores: Ideas y poder en América Latina”. Según Krauze mientras haya pueblos sumidos en la pobreza y la desigualdad, aparecerán redentores. Hugo Chávez fue un caudillo populista que utilizó magistralmente  su extraordinario carisma para sintonizar con las masas y presentarse como un redentor.

Muchos coinciden en que el incansable compromiso de Chávez con las clases pobres que habían permanecido marginadas durante décadas lo llevó a reducir considerablemente la pobreza y mejorar diferentes indicadores sociales relacionados con la nutrición, el alfabetismo y la vivienda. Fines loables y necesarios.

Sin embargo, Chavéz lo hizo sobre todo con políticas asistencialistas aprovechando la inmensa riqueza petrolera de Venezuela. Estas políticas en vez de incentivar el desarrollo autónomo, responsable y sostenible de aquellos pobres, los  ha mantenido en una posición de mendicidad y conformismo. Aumentó la cobertura académica pero de un sistema educativo de pésima calidad como se evidencia, por ejemplo, en el bajo número de patentes o en la posición de las universidades venezolanas en los rankings internacionales.

Su desdén por el emprendimiento y la iniciativa privada lo llevó a promover la desindustrialización de la economía tal como se refleja en los constantes desabastecimientos y dependencia de las importaciones. A pesar de haber gobernado durante un espectacular incremento del precio del petróleo, Venezuela mantiene un elevado déficit fiscal y, paradójicamente, su dependencia de la venta de dicho combustible a Estados Unidos. Por el contrario, varios países del Medio Oriente están aprovechando inteligentemente los ingresos por el petróleo creando infraestructura, diversificando sus economías para que no dependan del petróleo y fundando universidades con vocación global y científica.

No obstante, el principal efecto negativo del enfoque de Chávez fue la promoción del fanatismo ideológico y la estigmatización del que piensa diferente, con la resultante división de toda una nación. El odio y el resentimiento nunca podrán ser el motor del desarrollo humano. Como la mayoría de caudillos que han gobernado en Latinoamérica, Chávez manifestó un constante desprecio por las instituciones y el sistema de balances y contrapesos al poder, sin los cuales tampoco se puede garantizar el desarrollo en un ambiente democrático, basado en la libertad y el respeto.

Como lo indica Andrés Oppenheimer en  su libro “¡Basta de Historias!”, los latinoamericanos tenemos una obsesión con el pasado, siempre estamos mirando hacia atrás, recordando las opresiones sufridas y los líderes de antaño. No superaremos las barreras al desarrollo que enfrentamos hasta que, en vez de seguir señalando al imperialismo yanqui y otros chivos expiatorios como la causa de todos nuestros males, tomemos conciencia de nuestra identidad, dejemos nuestros complejos culturales y asumamos la responsabilidad de nuestros problemas mirando hacia el futuro.

De mendigos a ciudadanos

El manejo que le ha dado el Gobierno colombiano a la crisis cafetera refleja los problemas de fondo que enfrenta el país para poder modernizarse y garantizar el desarrollo humano de sus ciudadanos. Estos obstáculos están estrechamente interrelacionados.

Primero, la apuesta por la minería y explotación de recursos naturales como motor del crecimiento económico es peligrosa para el desarrollo del país. La forma en que se está atrayendo y gestionando la inversión en este sector – y la consecuente apreciación de la tasa de cambio – promueve la desindustrialización y afecta el medio ambiente y, en ocasiones, el equilibrio social. Como lo afirma la OECD, la creciente dependencia de las exportaciones de petróleo y carbón pueden afectar el potencial de crecimiento de las exportaciones agrícolas e industriales y perjudicar la capacidad de la economía para diversificar.

Segundo, el país sigue todavía gobernado por las mismas familias y grupos que hace décadas se adueñaron del Estado para favorecer a sus allegados y proteger sus privilegios. Por ejemplo, la concentración de la tenencia de la tierra, medida por el coeficiente de Gini, es estimada en 0.86, una de las más altas en el mundo. Estas elites tradicionalmente han prohibido y estigmatizado de manera arrogante y mezquina la protesta social pacífica. Las legítimas reclamaciones de los pobres las consideran “inconvenientes, innecesarias e injustas”. Gracias a las redes sociales hemos visto durante el actual paro  de los campesinos la forma en que han querido deslegitimar sus peticiones y la forma indigna en que los han tratado.

El último problema de fondo es el clientelismo político. Los políticos tradicionales no ven a sus electores como ciudadanos a los que deben representar y rendirles cuentas, sino como mendigos cuyos votos deben comprar con limosnas o puestos en la administración pública. Este sistema, además de alimentar la corrupción y la ineficiencia administrativa, impide que muchos colombianos se reconozcan como ciudadanos poseedores de derechos y no como simples receptores pasivos de medidas asistencialistas y populistas que al final no los sacan de la pobreza.

Estos tres problemas se alimentan y refuerzan entre sí. ¿Estamos, entonces, los colombianos condenados a ser víctimas de este círculo vicioso? No, afortunadamente. Así lo demuestra la reciente escogencia de Medellín como la ciudad más innovadora del mundo por sus logros en planeación urbana, políticas sociales, centros culturales y educativos, transporte masivo y emprendimiento. Esta transformación fue impulsada y liderada por un movimiento político independiente de los poderes tradicionales que renunció al clientelismo y optó por un modelo de desarrollo incluyente donde las clases menos favorecidas eran la prioridad. Los tres problemas de fondo fueron combatidos al mismo tiempo y los resultados fueron muchísimo mejores que a los que nos tienen acostumbrados. Sí se puede.