Durante
esta semana los huilenses recibimos varias noticias relacionadas con la
corrupción y la ineficiencia en el manejo de los recursos públicos. Aunque para
muchos esto ya no representa ninguna novedad, quisiera retomar primero algunos
casos para resaltar después la urgencia de que la sociedad civil despierte en
el Huila.
Por un
lado, la Universidad Surcolombiana interpuso una
demanda, promovida por su Consejo Superior, para reclamar $22.672 millones de pesos que la
Gobernación del Huila no le ha girado en los últimos 18 años y que necesita
para cumplir su objetivo de ofrecer una educación de calidad.
Por otro lado, la Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad por
13 años del exgerente de la Lotería del Huila por irregularidades en procesos
de contratación que desmejoraron los ingresos de la entidad y, por tanto, del
sector de la salud en el Departamento. La investigación la había iniciado la
Procuraduría gracias a un anónimo que denunció el caso.
Por último, la Contraloría encontró sobrecostos de alrededor $8000
millones en el contrato que suscribieron el año pasado la Gobernación del Huila
y el Comité Departamental de Cafeteros para la prestación del servicio de
restaurantes escolares. Este diario denunció con base en los testimonios de
profesores, estudiantes y padres de familia las múltiples irregularidades y
presuntas actividades ilícitas hechas para favorecer a los contratistas
involucrados.
Los tres casos nos recuerdan que el clientelismo y la corrupción pueden
afectar negativamente sectores prioritarios para el desarrollo de nuestro
departamento, como son la salud y la educación. Todos coincidimos en eso. Sin
embargo, no todos tenemos la misma reacción.
Muchos reaccionan aumentando su apatía y desinterés por lo público y la
política –en realidad, debería ser por la politiquería. Otros terminan pensando que esta cultura de
la ilegalidad es algo que no se puede cambiar y que, por ende, no vale la pena
denunciar o tratar de confrontarla. Incluso llegan a la conclusión de que la
única actitud inteligente es también aprovechar para beneficio privado los
recursos públicos.
Al final estas dos actitudes terminan ayudando a los politiqueros
tradicionales que junto con sus cómplices ven los recursos públicos y la
burocracia como un activo que les pertenece. La apatía y la indiferencia
ciudadana les da el ambiente propicio para seguir robando y manteniendo al
Departamento en el estado de subdesarrollo en que se encuentra – sí, así tal
cual, reconozcámoslo: el Huila no progresa de la manera en que podría hacerlo.
En otras partes del mundo y regiones de Colombia, la sociedad civil
–estudiantes, profesores, gremios, ONGs, asociaciones sin ánimo de lucro - está
teniendo una participación más activa en los asuntos públicos. Las tecnologías de la información han
facilitado esta tendencia. Hoy en día es más fácil denunciar, fiscalizar,
proponer, buscar apoyos.
En el caso del Huila deberíamos pensar, ¿Qué hace falta para que la
sociedad civil despierte realmente?, ¿Cómo podemos ir promoviendo su fortalecimiento?, ¿Cómo podemos ir
cambiando la mentalidad conformista y pasiva?, ¿Cómo podemos empezar a cambiar
la cultura de la ilegalidad y quitarle el aire a los que viven inmersos en
ella?
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