Pedimos la palabra en medio de la polarización

Durante las últimas semanas se ha hecho más clara la ruptura de la relación entre el presidente Santos y el expresidente Uribe. A raíz de este enfrentamiento se han radicalizado las posiciones de muchos sectores de la sociedad y de la opinión pública, hasta el punto que se percibe un creciente proceso de polarización en el país. Si ese proceso se acentúa, el país corre el riesgo de perder tiempo y oportunidades para resolver sus problemas más apremiantes –desigualdad social, conflicto armado y debilidad institucional.

Es en este contexto que la semana pasada se reunieron en Medellín algunos colombianos –políticos, periodistas, empresarios y académicos – que, aunque tienen diferentes visiones, comparten la opinión de que “lo que necesita el país no es la reconciliación de personalismos, sino la reconciliación de la política con las aspiraciones de la ciudadanía”. Este grupo que se ha hecho llamar “Pedimos la palabra” manifestó que su objetivo principal es recuperar el sentido público, ético y representativo de la política. Si bien su declaración final es bastante general y no presenta propuestas concretas, por lo menos es una iniciativa que busca abrir espacios de controversia y discusión seria sobre los problemas que enfrenta el país.

Los políticos que deberían estar dando ese debate no tienen una visión acertada de país porque andan más preocupados por sus intereses clientelistas y burocráticos, así tengan que alinearse a idearios extremistas. Enhorabuena, por tanto, surge esta iniciativa de diálogo moderado ya que la polarización social – es decir, ese proceso en que los ciudadanos asumen posiciones en los “polos” o extremos del espectro ideológico – es muy peligrosa para Colombia sobretodo en este momento.

En general, las ideologías extremistas incitan al fanatismo, a la negación del que piensa diferente, a quien se le empieza a catalogar como enemigo. Se cierran las puertas al debate y la discusión de ideas pues ya no se cuestionan los argumentos sino que se ataca directamente a las personas. Es así que al que piensa diferente se le trata de estigmatizar, se le desprecia y desacredita por su procedencia, su clase social, su pertenencia a un partido o movimiento social. Las ideas del “otro” no se escuchan porque provienen de un “oligarca”, un “mamerto”, un “resentido social”, la “indiamenta” o un “ricachón”.

Toda ideología o forma de pensar cerrada que lleve a despreciar al que es indiferente, no puede ser saludable para una sociedad democrática. Como escribió recientemente el ex-Primer Ministro británico Tony Blair, la democracia no es solamente un sistema de votación, sino una actitud de mente abierta. De aquí que sea ciertamente necesario recuperar el sentido colectivo y representativo de la política, que los ciudadanos libres de aquellas posiciones fanáticas que segregan no permanezcamos indiferentes y pasivos, sino que pidamos la palabra.

La civilización del espectáculo

La semana pasada se dio una polémica en  Colombia debido a la transmisión de escenas violentas en el reality Protagonistas de Novela. Muchas personas expresaron inconformismo con los realities en general aduciendo que motivan la violencia y la superficialidad. Otras lo ven  simplemente como un nuevo género televisivo que entretiene. Este mismo debate se ha dado  también en otros países en donde esta clase de programas ha sido un éxito comercial.

En medio de la controversia me parece muy oportuno resaltar algunas de las ideas que expone   Mario Vargas Llosa en su último libro llamado La Civilización del Espectáculo, concepto que define como la cultura  donde el entretenimiento ocupa el primer lugar en la tabla de valores y donde divertirse, escapar del aburrimiento, es el objetivo. Aunque ese ideal de vida puede ser legítimo, convertir esa tendencia natural a pasarlo bien en un valor supremo tiene, según el nobel de literatura, consecuencias inesperadas: la banalización de la cultura, la generalización de la frivolidad y, en el campo de la información, la proliferación del periodismo irresponsable de la chismografía y el escándalo. Es en este contexto cultural en donde surgieron los realities.

Vargas Llosa sostiene con atino que no existe forma más eficaz de entretener y divertir que explotando las bajas pasiones de la gente a través del  escándalo, la infidencia, el chisme, la violación de la privacidad, el sexo e, incluso, la calumnia y la mentira. Ello va produciendo un trastorno recóndito de las prioridades: las noticias pasan a ser importantes o secundarias principalmente no tanto por su significación económica, política, cultural y social como por su carácter novedoso, sorprendente, insólito, escandaloso y espectacular.

Para el afamado escritor peruano, se ha creado una cultura de masas que busca ofrecer novedades accesibles para el público más amplio posible y que distraigan a la mayor cantidad posible de consumidores. Su intención es divertir y dar placer, posibilitar una evasión fácil y accesible para todos, sin necesidad de formación alguna, sin referentes culturales concretos y eruditos. Eso facilita la producción industrial masiva y, por tanto, el éxito comercial de los productos asociados a esa cultura ya que reduce los costos. Es una civilización light que ha dado a la frivolidad la supremacía que antes tuvieron las ideas y las realizaciones artísticas. La frivolidad se convierte en una manera de entender el mundo, la vida, según la cual todo es apariencia,  teatro,  juego y diversión.

Esa cultura que se pretende avanzada, señala Vargas Llosa, en verdad propaga el conformismo a través de sus peores manifestaciones: la complacencia y la autosatisfacción. Es una cultura que propicia el menor esfuerzo intelectual, no preocuparse ni angustiarse ni, en última instancia, pensar, y más bien abandonarse, en actitud pasiva. Los televidentes se vuelven cada vez más alérgicos a un entretenimiento que los exija intelectualmente, que enriquezca el espíritu y que prepare para disfrutar la vida real. ¿Es esa la clase de cultura que necesitamos para desarrollarnos humanamente?

Los desafíos después de Rio+20 (II)

A pesar de que muchos analistas han considerado la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20) como un fracaso, otros la han visto como un propulsor y un “punto de partida” para el cambio desde abajo, como lo comenté en la columna pasada. En ese proceso los gobiernos locales pueden y deben jugar un papel importante a la hora de enfrentar los retos que impone el cambio climático y aprovechar las oportunidades que representa la esperada transición hacia un modelo de “economía verde”.

En el departamento del Huila las políticas públicas también deben adaptarse para incorporar medidas de protección de los ecosistemas y la biodiversidad. Estas se deben enfocar principalmente en los sectores agropecuario, turístico y minero-energético, los cuales generan la mayor parte de los ingresos de la región.
 
En el caso particular del sector agrícola es necesario seguir introduciendo y fortaleciendo las prácticas y los procesos alineados con la agricultura ambiental y socialmente sostenible, como son las certificaciones para productos orgánicos. En el sector caficultor, específicamente, el Huila ha alcanzado logros importantes como la denominación de origen, sellos de comercio justo –como los de San Roque y San Isidro – y certificaciones de sostenibilidad –como UTZ y Rainforest Alliance. Este tipo de sellos son significativos porque diferencian el producto y aumentan su valor. Además porque se espera que la demanda de productos orgánicos continúe aumentando, hasta el punto de que la agricultura orgánica o ecológica ha sido descrita como la oportunidad comercial del futuro.

 El gobierno departamental y los gobiernos municipales deben también apoyar con asistencia técnica y acceso al crédito el desarrollo de las otras cadenas productivas del sector agrícola – actualmente se implementan las cadenas de frutas, piscicultura, cárnica-láctea, tabaco-cacao, agroenergéticos con énfasis en caña-panela, y agrominera – para que sus productos cuenten con la calidad requerida para satisfacer aquella nueva demanda. De igual manera, deben continuar consolidando los procesos de inclusión de las asociaciones base y de las organizaciones que las agrupan con el fin de eliminar niveles de intermediación y aumentar de esa forma la ganancia de los pequeños productores.

Sin embargo, es urgente al mismo tiempo tratar de diversificar la oferta agrícola y productiva del departamento. Según la Secretaría de Agricultura y Minería del Huila, el café participa del 82.8% del total de jornales requeridos para la producción agrícola del departamento. Esto supone un riesgo considerable ya que la caída de la producción y del precio del café, la creciente competencia de países asiáticos, la tendencia revaluacionista del peso frente al dólar y los efectos del cambio climático, han afectado gravemente al sector caficultor y por tanto los indicadores sociales del departamento. Como fue resaltado en Rio+20, la sostenibilidad ambiental está estrechamente relacionada con la sostenibilidad social y por eso también la protección del pequeño productor debe ser una política prioritaria.

Los desafíos después de Rio+20 (I)

La semana pasada asistí a un foro realizado en la Universidad de Brasilia sobre los desafíos después de la  Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de Rio+20. Aunque los foristas manifestaron diferentes críticas a los resultados del encuentro mundial, todos coincidieron en que de todos modos fue mejor que se haya hecho a que no. Para ellos este tipo de encuentros pueden ir estableciendo poco a poco las condiciones para generar cambios estructurales. El Protocolo de Montreal, por ejemplo, a pesar de muchos intentos fallidos al final resultó regulando exitosamente la  fabricación de productos que deterioran la capa de ozono. Destacaron también las valiosas oportunidades que se dieron durante la Conferencia para la creación de redes y esfuerzos de cooperación  entre diferentes actores de la sociedad civil comprometidos con la protección del medio ambiente en diferentes partes del planeta.

Según uno de los participantes, y como ha sido ampliamente señalado sobretodo a partir de la crisis económica que empezó en el 2008, es necesario reconocer las limitaciones del modelo económico basado en el crecimiento de la producción y dejar claro que la solución para el futuro no consiste solamente en utilizar insumos verdes, mientras se continua atendiendo a la misma voracidad de consumo que estimula el incremento desaforado de la producción y la explotación irresponsable de los recursos naturales.

En ese sentido, fue un factor positivo que durante Rio+20 se señalaron nuevamente las falencias del Producto Interno Bruto (PIB) y del Índice de Desarrollo Humano (IDH) como indicadores de desarrollo, en la medida en que no reflejan ni el estado de los recursos naturales ni las condiciones ecológicas y tampoco indican si las políticas nacionales son sostenibles en el largo plazo. Por esa razón, se aprovechó el evento para  lanzar el Índice Incluyente de Riqueza, que intenta solucionar esas insuficiencias. Al utilizar este indicador para Colombia se encuentra que, contrario a lo que indica el PIB, la economía decreció durante las últimas dos décadas. ¿Puede el gobierno continuar defendiendo políticas e inversiones  – en hidroeléctricas, por ejemplo – que afectan el capital natural y social del país aludiendo a la necesidad de aumentar el PIB?

Por otra parte, ya  Elinor Ostrom había advertido - en un artículo que escribió días antes de morir- que un único tratado global no resolvería los problemas en la administración de nuestros recursos naturales. Según la especialista, la superposición de un conjunto de políticas públicas tomadas en diferentes niveles de decisión –internacional, nacional, departamental y municipal o entre ciudades –tendría mayores posibilidades de éxito que un acuerdo rígido vinculante sólo entre Estados. Los gobiernos locales, por tanto, pueden jugar un rol importante a la hora de enfrentar los desafíos particulares para el desarrollo humano.

De la efervescencia a la coherencia

Los colombianos hemos reaccionado enérgicamente contra la pretendida reforma a la justicia aprobada por la mayoría de congresistas con el asentimiento del gobierno y de algunos magistrados de las cortes. Después de su aprobación por parte del congreso, periodistas y miembros de la sociedad civil empezaron a criticarla con más vehemencia. Ante la creciente agitación en las redes sociales, el presidente Santos decidió repentinamente frenar la entrada en vigor del acto legislativo que aumentaba la impunidad relacionada con los congresistas y desvirtuaba el espíritu democrático  de la constitución política. La reacción más común de los políticos implicados ha sido la de lavarse las manos, culpabilizar a otro o simplemente pasar de agache. A pesar de que al final el congreso decidió archivar el proyecto, la indignación no ha parado de crecer. La imagen del presidente Juan Manuel Santos, del congreso y de las cortes se afectó seriamente al igual que el optimismo de los colombianos, como lo muestran las últimas encuestas.

En medio de la efervescencia actual es común ver críticas acaloradas contra los políticos por su evidente deshonestidad, irrespeto por las instituciones y desinterés por el bien común. Sin embargo, no sería extraño que la reacción emotiva disminuya en los próximos días y que después todo siga igual. Por eso considero que este episodio debería ayudar a cuestionarnos qué estamos haciendo mal pues según la sabiduría popular un pueblo tiene los gobernantes que se merece. Por ejemplo, si se vota  por políticos que compran votos, mercadean los puestos públicos y se asocian con políticos que han sido juzgados por corrupción, ¿podemos esperar que, una vez electos, actúen honestamente? Más aún, si no votamos o aceptamos prácticas corruptas durante las campañas, ¿podemos después sorprendernos de que los políticos deshonestos nos traten como bobos?

Hay una incoherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos, entre lo que rechazamos fervientemente y lo que terminamos apoyando ingenuamente. Esa discordancia se refleja en expresiones como “Que robe pero que haga algo”. Acaso, ¿no es posible ser honesto? ¿No es deber de un funcionario público cumplir rectamente con sus funciones por las cuales le pagamos con los impuestos? Se dice que la apatía por la política va a crecer aún más después de este escándalo. Yo diría que en realidad es apatía hacia la politiquería, es decir, la imagen falsa de política que estamos acostumbrados a ver y que muchas veces apoyamos sin pensar en las consecuencias. Además, con un pueblo que no sabe elegir y le facilita el camino a los corruptos, resulta fácil que personas honestas, competentes y con interés de contribuir al bienestar de los colombianos se desanimen de entrar a la política. De esta forma, se perpetúa la politiquería tradicional que hoy nos da asco y que tanto daño le hace al país.