La semana pasada asistí a un foro realizado en
la Universidad de Brasilia sobre los desafíos después de la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Desarrollo Sostenible de Rio+20. Aunque los foristas manifestaron diferentes críticas
a los resultados del encuentro mundial, todos coincidieron en que de todos
modos fue mejor que se haya hecho a que no. Para ellos este tipo de encuentros
pueden ir estableciendo poco a poco las condiciones para generar cambios
estructurales. El Protocolo de Montreal, por ejemplo, a pesar de muchos
intentos fallidos al final resultó regulando exitosamente la fabricación de productos que deterioran la
capa de ozono. Destacaron también las valiosas oportunidades que se dieron
durante la Conferencia para la creación de redes y esfuerzos de
cooperación entre diferentes actores de
la sociedad civil comprometidos con la protección del medio ambiente en
diferentes partes del planeta.
Según uno de los participantes, y como ha sido ampliamente
señalado sobretodo a partir de la crisis económica que empezó en el 2008, es necesario
reconocer las limitaciones del modelo económico basado en el crecimiento de la
producción y dejar claro que la solución para el futuro no consiste solamente
en utilizar insumos verdes, mientras se continua atendiendo a la misma
voracidad de consumo que estimula el incremento desaforado de la producción y la
explotación irresponsable de los recursos naturales.
En ese sentido, fue un factor positivo que
durante Rio+20 se señalaron nuevamente las falencias del Producto Interno Bruto
(PIB) y del Índice de Desarrollo Humano (IDH) como indicadores de desarrollo,
en la medida en que no reflejan ni el estado de los recursos naturales ni las
condiciones ecológicas y tampoco indican si las políticas nacionales son
sostenibles en el largo plazo. Por esa razón, se aprovechó el evento para lanzar el Índice Incluyente de Riqueza,
que intenta solucionar esas insuficiencias. Al utilizar este indicador para
Colombia se encuentra que, contrario a lo que indica el PIB, la economía decreció durante las
últimas dos décadas. ¿Puede el gobierno continuar
defendiendo políticas e inversiones – en
hidroeléctricas, por ejemplo – que afectan el capital natural y social del país
aludiendo a la necesidad de aumentar el PIB?
Por otra parte, ya Elinor Ostrom había advertido - en un artículo que escribió días antes de morir- que un único tratado global no resolvería los
problemas en la administración de nuestros recursos naturales. Según la especialista,
la superposición de un conjunto de políticas públicas tomadas en diferentes
niveles de decisión –internacional, nacional, departamental y municipal o entre
ciudades –tendría mayores posibilidades de éxito que un acuerdo rígido
vinculante sólo entre Estados. Los gobiernos locales, por tanto, pueden jugar
un rol importante a la hora de enfrentar los desafíos particulares para el
desarrollo humano.
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