Congresistas: ¿Jalonadores?

En la actual campaña electoral algunos congresistas que buscan ser reelegidos presentan como su gran logro el haber “jalonado” o “gestionado” determinados recursos para la región. Sólo algunos hablan de proyectos de ley que tramitaron a última hora para tratar de salvar su cuestionada imagen.

Según la Constitución, aquella labor de gestionar o administrar le corresponde a la rama ejecutiva y no a la legislativa. Esta última se encarga primordialmente de la elaboración de las leyes y del control político a la rama ejecutiva. Bajo esa lógica es que los congresistas deben representar a sus electores. Esa división se ideó con el fin de garantizar el equilibrio de poderes en un gobierno republicano.

En Colombia, uno de los regímenes más presidencialistas de Latinoamérica, ha venido ocurriendo una paulatina degeneración de esa arquitectura institucional hasta el punto que el Congreso cada vez más se parece a un apéndice del ejecutivo. Esta distorsión ha profundizado la centralización, el clientelismo y la corrupción; también la ineficiencia administrativa porque los mandatarios locales requieren pasar más tiempo en Bogotá buscando amigos y “gestores” en vez de utilizar los canales institucionales.

Este proceso se ha acentuado durante el gobierno del presidente Santos, quien no contaba con un capital político propio y quien para asegurar la llamada gobernabilidad creó la Unidad Nacional, una coalición de partidos que básicamente a cambio de burocracia y presupuesto da trámite a los proyectos legislativos del presidente. Fue así que, por ejemplo, apoyaron la centralizadora reforma a las regalías.

Muchos afirman que con las nuevas tecnologías de la información se puede reemplazar la democracia representativa por la democracia directa en donde los ciudadanos votan las leyes sin necesidad de intermediarios. Cass Sustein en su libro “Republic.com 2.0” sostiene, por el contrario, que la democracia representativa seguirá siendo necesaria debido a que la deliberación promueve la elaboración de mejores leyes.

En Colombia, sin embargo, pareciera que el nivel del debate en el Congreso ha decaído sustancialmente. Reformas trascendentales para el país – como las de la educación, la salud, las pensiones, la tributaria, la agraria y la justicia –  no reciben la deliberación de altura que requieren. Varias incluso son aprobadas a la carrera y a pupitrazo, ya que muchos congresistas no representan el interés general sino intereses económicos muy particulares que simplemente les dictan de antemano cuál debe ser su posición.

Necesitamos que personas conscientes de estos problemas renueven la forma de hacer política y lleguen al Congreso a reversar el deterioro institucional, llevar a cabo la descentralización prometida por la Constitución y representar realmente los intereses de sus regiones y el país. Por eso no votemos por personas que con sus prácticas políticas  mantienen y alimentan ese deterioro.