Hace algunos días Antanas Mockus dijo que no le interesaba llegar al Congreso si no era capaz de hacer una campaña austera en la que no le pagara a nadie. Según Mockus, eso es un “reto ni el verraco” (pero no imposible,como él y otros políticos honestos lo han demostrado), similar al de aquellos románticos que piensan que pueden conquistar a una prostituta y no pagarle.
En un sistema político clientelista como el colombiano que alimenta la corrupción, el tema de la financiación de las campañas es de mucha importancia. El político tradicional no reconoce a los votantes como ciudadanos con derechos sino como pordioseros que piden favores o regalosparticulares a cambio de su voto. Para complacerlos el politiquero necesita invertir grandes sumas de dinero y apropiarse de la burocracia para repartirla entre los que lo apoyan.
Ese dinero, como en toda inversión, espera recuperarlo robándose los recursos públicos y asignando los contratos a aquellos que financiaron su campaña o que están dispuestos a pagar un soborno. Así los puestos públicos y las obras quedan en manos de personas sin la competencia necesaria para ejecutarlas. En otras palabras, cuando los electores se prostituyen, a los recursos públicos se los comen.
La campaña al Congreso acaba de comenzar y muchos candidatos ya han gastado mucho dinero. Mediante la resolución 0228 de 2013 el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó el tope económico para campañas a la Cámara, por ejemplo, en aproximadamente 440 millones por candidato. ¿Respetarán las leyes los aspirantes a acceder al máximo órgano que las hace?
A pesar de la claridad de las normas referentes a la financiación de campañas, muchos candidatos clientelistas las burlan descaradamente y sin preocupación debido a la relativa inoperancia del CNE. Por eso le corresponde a la sociedad civil ejercer control y sancionar socialmente y con su voto a aquellos candidatos que con su proceder demuestran lo que verdaderamente son.
Un candidato que gasta montos alarmantes en banquetes, rifas, regalos navideños, publicidad y fiestas debe generar sospecha, sobre todo si antes de las elecciones no revela claramente quiénes financian su campaña y cuánto se está gastando. En aras de la transparencia, debería informar cualquier tipo de donación, sea en efectivo o en especie – por ejemplo, gastos de desplazamiento, eventos organizados por “terceros” y regalos “caritativos”. Un discurso anti-corrupción sin esta coherencia quedaría en simple romanticismo barato que no conquista a nadie.
Adenda: Ojalá el Procurador Ordóñez no vaya a pensar que Mockus está promoviendo la prostitución y lo inhabilite para ejercer cargos públicos.
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