Diego Molano, ministro de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, reveló esta semana que el
Huila es el único departamento de Colombia que todavía no ha accedido al
servicio de fibra óptima impulsado por el Gobierno. Según el alto funcionario
el problema se debe a que la Electrificadora del Huila (Electrohuila) en cabeza de su gerente se ha negado a aprobar
el proyecto.
Debido a dicha negativa los
huilenses no podemos aprovechar los beneficios de este servicio. Por ejemplo, las
empresas, los estudiantes, los investigadores y los turistas ven afectadas sus
actividades como resultado de la decisión. Según las declaraciones del mismo
ministro, no existe hasta el momento una justificación convincente para negarle
al departamento acceder a este plan nacional.
Como es bien sabido, desde hace
algunos años esta empresa pública ha
sido controlada por un grupo político que la utiliza como baluarte burocrático
para pagar favores electorales ofreciendo puestos y contratos a simpatizantes
políticos. Lo mismo ocurre con otras entidades como ICBF, SENA y Empresas
Públicas de Neiva – por mencionar
algunas – que son controladas por otros carteles políticos.
Por tanto, no resulta raro que
muchas veces personas sin la formación y las capacidades requeridas terminen
trabajando en estas empresas. Esto termina reflejándose en la pésima calidad de
los servicios, altas tarifas de los servicios y mal servicio al cliente. Los
que reciben los puestos como pago de un favor terminan también guardando
lealtad a sus jefes políticos y en muchos casos volviéndose cómplices de actos
de corrupción.
Muchos huilenses nos hemos
acostumbrado a que esto ocurra. Pero si nos paramos a pensar nos daremos cuenta
que eso puede y debe cambiar. A todos nos beneficia que las personas que
trabajan en las empresas públicas sean seleccionadas por mérito. Servidores
públicos debidamente calificados tienen un mejor desempeño y eso se traduce en
mejor servicio y en mayor transparencia y eficiencia. Así mismo, lo justo sería
que jóvenes que han estudiado con esfuerzo y dedicación pudieran acceder a esas
oportunidades laborales sin tener que estar detrás de los politiqueros.
En conclusión, los puestos
públicos en su sitio: a quienes realmente los merecen y compiten de manera
justa y transparente. De igual manera, los politiqueros puestos en su sitio:
debemos ser conscientes que no solamente el candidato que compra votos con
dinero o regalos materiales sino también
con puestos es una persona deshonesta de la que no se puede esperar que una vez
gane actúe honestamente. Vamos a ponerlos en su sitio. Sí podemos.
Adenda: A propósito del tema, ¿será
que los carteles políticos del Huila también controlan ahora puestos en
empresas que desarrollan proyectos de infraestructura de gran envergadura a los
que se debieron haber opuesto?