El Estado colombiano ya destinó $70 mil millones para las elecciones en las que algunos partidos harán sus consultas internas el próximo 30 de septiembre. Este mecanismo de participación ciudadana se creó con el objetivo de fortalecer los partidos políticos y por tanto la democracia. Tradicionalmente la abstención en este tipo de votaciones es mucho mayor que en las ordinarias – sólo alrededor del 8% del electorado sale a votar. Ya es común que al día siguiente lluevan las críticas por el alto costo que implican para el Estado y su aparente inutilidad.
En teoría, este tipo de consultas populares permiten que los partidos se acerquen más a los electores ya que estos pueden elegir directamente a sus directivos de los o a los candidatos que quieren que los represente en las elecciones ordinarias. También pueden abrir oportunidades a jóvenes que quieran entrar a la política sin utilizar las maquinarias y mañas tradicionales.
En la práctica, sin embargo, dada las características actuales de nuestra democracia, estos ejercicios no dejan de ser una simple formalidad. A pesar de la aparente democracia representativa de la que gozamos, todavía los partidos son muy débiles y deficientes a la hora de representar y canalizar los intereses de sus electores. El clientelismo sigue siendo la base de la política en Colombia y alimentando la corrupción. Los partidos ven a sus votantes como una clientela a la cual tienen que comprar el día de elecciones. Después, por lo general, no hay rendición de cuentas ni ninguna relación consistente. Esto facilita que el poder real dentro de los partidos termine en manos de un reducido grupo de políticos o incluso de una familia.
Esta clase de consultas, por otro lado, las podrían realizar los partidos de otra forma – por ejemplo, utilizando medios electrónicos o recogiendo firmas entre sus afiliados. De esta manera se podría evitar que el Estado incurra en gastos elevados que no se ameritan dada la situación actual de la democracia. Evidentemente esos recursos se pueden invertir en otras necesidades prioritarias. Me parece que una de ellas es la educación, la cual está relacionada fuertemente con el objetivo de profundizar la democracia. Es preciso invertir más en la educación pública. Por ejemplo, da vergüenza que la Universidad Nacional de Colombia no cuente con un hospital propio para los estudiantes del área de la salud. En la provincia –en donde las prácticas clientelistas son más fuertes y el voto de opinión más escaso – la educación tiende a ser de baja calidad y a veces ha emporado debido a los esfuerzos de ampliar la cobertura.
Para que nuestras instituciones democráticas dejen de ser meras formalidades y se avance hacia una democracia real se requiere primero que el ciudadano promedio conozca y tenga la capacidad de exigir libremente sus derechos y de cumplir sus deberes de manera responsable.
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