Señor Alcalde, no destruya los humedales

Todos los neivanos hemos sentido  las elevadas temperaturas con fuertes variaciones durante los últimas semanas que evidencian el cambio climático y que nos recuerda que como sociedad debemos tomarnos en serio las medidas para adaptarnos a este fenómeno incuestionable.

En este contexto, es urgente y prioritario que la administración municipal de Neiva en cabeza del alcalde Pedro Suárez sea responsable y asuma la defensa de los humedales del oriente de Neiva –El Curibano, La Barrialosa, Los Colores y el Chaparro –, tal como lo piden reconocidos líderes ambientalistas de la ciudad como lo son la profesora Leyla Rincón y el profesor Aldemar Macías, a quienes he tenido la oportunidad de acompañar en varias reuniones.

En una de ellas en el despacho del alcalde, el exgobernador del Huila Julio Enrique Ortiz le dijo al alcalde y al secretario de medio ambiente que parecían más abogados defensores de los intereses de los grandes constructores y terratenientes de la ciudad que protectores del interés general.

En efecto, el alcalde no puede seguir aduciendo que el actual Plan de Ordenamiento Territorial (POT) desconoce estos ecosistemas  o que según algunos estudios técnicos algunos de estos no son humedales y que, por tanto, se puede construir sobre ellos o sus zonas aledañas. El POT, como cualquier herramienta de planificación prevista por la ley, es susceptible de modificación y está supeditado a principios superiores como es el derecho a disfrutar de un ambiente sano. De igual forma, los estudios técnicos dependen de supuestos, enfoques y parámetros sujetos a error o a ser refutados por otros más adecuados.

Así lo demuestra el reciente informe “Principios y criterios para la delimitación de humedales continentales” realizado por el Instituto Humboldt bajo un enfoque conceptual que considera los humedales como sistemas complejos adaptativos. Brigitte Baptiste, directora del instituto, afirma en la presentación del proyecto que es necesario corregir los errores que se han venido acumulando en la gestión del territorio debido al optimismo tecnocrático y una idea de desarrollo simplista porque ya cruzamos el umbral.

De acuerdo al informe, “la delimitación debe reconocer la conectividad ecológica como un elemento fundamental para la naturaleza dinámica del humedal, donde este hace parte de la cuenca que conecta territorios y escenarios de orden ecológico, social y económico […] Los límites del humedal deben ser concebidos como membranas funcionales dentro de una estructura ecológica superior que los integra, que es la cuenca – la cuenca del rio Las Ceibas en el caso de Neiva–. La delimitación se debe basar en límites funcionales (entendidos desde la ecología del paisaje y del ordenamiento territorial), más que en aspectos sociales, económicos o jurídicos”

Los humedales son importantes por su capacidad de regulación hídrica y bioclimática, control de inundaciones y por los servicios ambientales que ofrecen, trascendentales para una ciudad tan caliente como Neiva. Adicionalmente, porque están llamados a constituirse en parques y zonas verdes para el disfrute de los neivanos que carecemos de dichas zonas para el esparcimiento y la recreación. ¡No mas “secaderos de café” en la ciudad!

Señor alcalde, en sus frecuentes viajes al exterior, ¿no se dio cuenta que las ciudades desarrolladas tienen ahora como prioridad la conservación y promoción de zonas verdes para sus comunidades? ¿No le comentaron que sus gobernantes ya superaron hace rato el delirio de echar cemento por doquier y de medir sus resultados por obras construidas?

La ampliación del espacio construible no puede afectar la integridad de esos ecosistemas trascendentales para la cuenca del rio las Ceibas (que provee el agua de la ciudad) y para la prevención del riesgo de desastres. Es indispensable incorporar al POT lineamientos y estrategias específicas para crear un modelo de ciudad resiliente al cambio climático, como lo hizo recientemente Bogotá. La defensa de los humedales se reduce simplemente a voluntad política por eso, señor alcalde, los neivanos le pedimos que no destruya los humedales.

Plan Nacional de Desarrollo: ¿Y el mototaxismo?

El mototaxismo es una actividad no permitida por la ley que ha venido aumentando en muchas ciudades colombianas durante los últimos años. Las soluciones que se han propuesto para erradicarla han sido improvisadas e ineficaces debido a que no parten de un diagnóstico serio que identifique adecuadamente las causas del fenómeno – confunden los síntomas con la enfermedad. Aunque en teoría casi todos reconocen que es un fenómeno complejo con muchas variables interdependientes, en la práctica se proponen e implementan soluciones simplistas de tipo coercitivo que le apuntan a los síntomas y no a la causa del problema.

Para analizarlo con el enfoque apropiado, lo primero es reconocer que es una manifestación particular de la informalidad en Colombia. El modelo económico colombiano además de promover la reprimarización o desindustralización de la economía, no está generando empleo de calidad ni capacitando apropiadamente a los trabajadores no calificados, por eso la informalidad es casi del 50% según las cifras oficiales del DANE. En general, la informalidad se combate, por una parte, mejorando la capacidad del sector formal de generar empleo y educando a la población y, por otra parte, reduciendo los incentivos a la informalidad y los costos al el trabajo formal, lo cual requiere soluciones integrales y progresivas planificadas con tiempo.

Lo segundo es identificar claramente el tipo de movilidad y de ciudad al que se desea llegar. Cada vez parece haber más coincidencia en que se necesitan ciudades sustentables más compactas, centradas en el ser humano y no en el carro. Ahora hay conciencia de que no es sostenible un modelo de desarrollo basado en el transporte individual privado. Debemos reducir la dependencia del carro. Por eso es importante planificar las ciudades para que la gente se desplace en bicicleta, a pie o en un sistema de transporte público accesible e incluyente.

Las nuevas generaciones están cada vez más dispuestas caminar o montar en bicicleta. El carro ya está dejando de ser un símbolo de éxito personal. El transporte público decente ha llegado a ser un indicador clave de la  vitalidad económica futura de una ciudad. Es un requisito fundamental para atraer empresas en crecimiento y a los empleados altamente calificados que estas necesitan para ser exitosas. De igual forma, el uso de la bicicleta mejora la salud pública reduciendo los costos del sistema de salud y la emisión de gases de efecto invernadero que ocasiona el calentamiento global.

En Colombia, no obstante, vamos en contravía de esa tendencia. Por ejemplo, el transporte público en las 10 principales ciudades pasó de movilizar el 73% de las personas a movilizar el 51% en los últimos 10 años, mientras que el transporte individual pasó de mover el 11% de las personas a mover el 29%, de acuerdo al Informe de la Red Ciudades Cómo Vamos del 2013.

Debido a lo anterior, el Gobierno Nacional debería legalizar el mototaxismo en el corto plazo tomando medidas integrales para irlo reduciendo gradualmente a la vez que fortalece sistemas de transporte público que sí sean viables financiera y operativamente, y que correspondan a las realidades de cada región.

Varios estudios técnicos soportan esta propuesta. Por ejemplo, un estudio del Banco de la República sobre la economía del mototaxismo realizado en el 2011 encontró que la mayoría de los individuos que ejercen ese oficio elige ingresar o permanecer en dicha ocupación en respuesta a su rentabilidad y a la insuficiencia de ofertas laborales formales. Al final el estudio propone la legalización del mototaxismo y su posterior incorporación al sistema de transporte público legalmente constituido. Otro estudio realizado para la Corporación Fondo de Prevención Vial en el 2013 recomienda la legalización y afirma que en términos de seguridad vial el mototaxismo no es más inseguro que otros modos de transporte como se suele creer, sino que la accidentalidad de mototaxistas es igual a la de otros usuarios de la motocicleta. Sin embargo, sostiene que lo que sí afecta la seguridad vial es el hecho de que cada vez más gente esté dejando de usar el transporte público para cambiarlo por el transporte individual en carros y motos. El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se limita a mantener en la ilegalidad al mototaxismo. ¿Es la solución adecuada?

Neivanos: ¡Hagámonos resPTAR!

Es necesario insistir: La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para Neiva podría ser otro ‘elefante blanco’ si los funcionarios de la actual Administración siguen empecinados en construir la alternativa que más incrementaría la factura del agua para los neivanos.

El lunes pasado se llevó a cabo una reunión de “socialización” del proyecto en la Gobernación del Huila (sí, una reunión en pleno lunes festivo a las cinco de la tarde), auspiciada por Ariel Rincón, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Neiva. A dicho evento no dejaron ingresar a miembros del Comité de Veedurías que hacen parte de la Mesa Técnica  y a otras personas con el argumento de que era una reunión de carácter técnico y gremial, según nos informó el señor Rincón.

La reunión era prácticamente para informar que ya compraron el lote al lado del Puente Santander para construir la planta. El señor Rincón manifestó que se deben dejar a un lado los cuestionamientos técnicos para sacar adelante este proyecto que va a mejorar la competitividad de la capital huilense. A pesar de que el asunto es eminentemente técnico, ese es el argumento que han utilizado en repetidas ocasiones para desestimar y evitar analizar en detalle los diversos cuestionamientos que han planteado los expertos de la Mesa Técnica.

Los resultados de todo estudio técnico son sujetos a error y debate debido a los supuestos, estimaciones, metodologías o modelos que se utilizan. Por eso es trascendental someterlos a una discusión amplia con las personas que tengan la experticia necesaria; más aún cuando los costos de operación y mantenimiento de una PTAR deben ser sufragados por los usuarios del servicio de agua a través de la factura mensual. Un tipo de planta podría significar un incremento de $50 mil en el recibo del agua mientras otro significaría menos de $5 mil. El proceso debe ser transparente y participativo ya que es una inversión muy grande y con un impacto significativo en el largo plazo. 

La opción defendida por el Consorcio Neiva 2009, contratista a cargo de los estudios y diseños, es la más costosa de construir (esto lo beneficia porque entre más cueste, más dinero gana ya que obtiene el 5% del valor del proyecto). ¿Por qué la Administración acepta a la ligera los resultados supuestamente técnicos de los estudios si todavía no hay ni siquiera ingeniería de detalle ni diseños que sustenten las estimaciones y comparaciones entre las alternativas consideradas? ¿Por qué ante los constantes incumplimientos de los términos del contrato no lo ha liquidado? Además, ¿por qué la interventoría es hecha por las mismas Empresas Públicas de Neiva si no tiene la capacidad técnica mínima para realizarla?

Los áulicos o chupamedias de turno salen a defender el proyecto diciendo simplemente que es necesario construir la PTAR (como si eso estuviera en duda) o que las propuestas de los ‘dinosaurios’ miembros de la Mesa Técnica están mandadas a recoger.

Pues resulta que los argumentos de estos expertos son respaldados por autoridades internacionales y nacionales en la materia. Por ejemplo, un estudio técnico reciente del Instituto de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Innsbruck en Austria dice que “a diferencia de Europa, donde las plantas de Lodos Activados [el tipo de planta propuesta por la administración] son la primera opción, las condiciones específicas de Latinoamérica promueven soluciones técnicas alternativas” debido a que las temperaturas en el trópico son altas, hay tierras disponibles y hay poco equipo mecánico especializado para tratamiento de aguas residuales producido localmente. De ahí que, según el estudio, se tenga una preferencia por tecnologías simples, de bajo costo y con bajo consumo de energía en la operación. Tal es el caso de las Lagunas de Oxidación o Facultativas, la alternativa que la Mesa Técnica ha solicitado que se estudie con mayor profundidad. 

Patricia Torres, ingeniera sanitaria con doctorado en ingeniería civil y profesora titular de la Universidad del Valle, también avala lo anterior y muestra que los Lodos Activados  no solamente cuestan en promedio tres veces más que las Lagunas de Oxidación sino que sus costos de operación y mantenimiento pueden ser 15 veces más altos.

Lo que se quiere es que, como en toda inversión, se evalúen bien las posibles alternativas y sus implicaciones. Ya tenemos el precedente del aumento en las tarifas de aseo debido a un contrato que se otorgó a veinte años sobre el cual persisten todavía muchos cuestionamientos. En este caso también algo huele mal y no son las aguas residuales. Tarifas altas de servicios públicos es lo que realmente afecta la competitividad y, sobre todo, el bienestar de los neivanos. Por eso no podemos resignarnos ni permitir que unos cuantos sigan realizando desvergonzadamente este tipo de actuaciones. ¡Hagámonos respetar!

En malas manos

Para los colombianos ya es habitual hablar, por un lado,  del potencial y de las grandes riquezas de nuestro país que nos enorgullecen y, por otro, de los problemas de pobreza, desigualdad, violencia y corrupción que nos desalientan.

¿Qué hacer? ¿Podemos hacer algo? Mejor aún, ¿nos interesa hacer algo? ¿Somos, acaso, una estirpe condenada a cien años de soledad sin una segunda oportunidad sobre la tierra? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el problema central, el asunto de fondo?

Yo, al igual que el desaparecido Jaime Garzón, estoy convencido de que lo que pasa es que estamos en malas manos. El problema no es la guerrilla, el narcotráfico, la hegemonía estadounidense o las multinacionales. Es la clase política que orienta el rumbo de la nación. Precisamente, hace poco tanto Rafael Correa como Pepe Mujica dijeron que el problema no es técnico o ambiental, sino político. Lo dicen dos presidentes que han emprendido reformas políticas profundas y han aumentado considerablemente el bienestar de sus ciudadanos.

Esa explicación, sin embargo, nos sacude a todos. En efecto, un profesor de ciencia política en el pregrado nos decía que no nos debemos aterrar, por ejemplo, de un Congreso ya que este es el reflejo de un pueblo. En ese sentido muchos podemos ser responsables de que estemos en malas manos.

¿Por qué elegimos políticos corruptos? Algunas personas excluidas del desarrollo y que viven en pobreza lo hacen a veces por necesidad, por cuestión de supervivencia o ignorancia. ¿Pero las que no? ¿Por qué no exigimos la honestidad en los que nos van a representar y van a dirigir el destino del “barco Colombia”?

Al respecto, algunos estudiosos del tema han hablado de que en Colombia se ha venido consolidando una “cultura mafiosa”, una “cultura de la ilegalidad”, del dinero fácil, del “todo vale”, de “aprovechar el papayaso”. Una cultura en la que las bases morales de nuestra sociedad se están agrietando. Una cultura en la que los valores éticos más mínimos y necesarios para convivir se están desmoronando. ¿Hemos adoptado una posición cínica en la que creemos que ya es imposible o, por lo menos, desventajoso ser honesto o cumplir las leyes y las normas sociales? ¿Empezamos a carecer de un sistema de comportamientos sociales aceptables? ¿Estamos perdiendo los valores colectivos indispensables para consolidar una verdadera democracia?

Se aproximan elecciones y ya muchos candidatos empiezan a gastar alarmantes cantidades de dinero en rifas y bingos, en publicidad y en mercados para los pobres. Los veremos repartiendo regalos en navidad y útiles escolares en enero. Su interés real no es sacar a estas “clientelas” de la pobreza sino, todo lo contrario: mantenerlas  pobres y acostumbradas al asistencialismo y a las limosnas; de esa forma podrán enriquecerse fácilmente con los recursos públicos.

Lo peor es que no se percibe una mejoría con el relevo generacional. Muchos de los jóvenes que están incursionando en la política y que se presentan como una renovación vienen utilizando las mismas prácticas políticas, muchas veces de la mano de un político tradicional. Su interés es obtener cuotas burocráticas para ofrecer puestos y comprar apoyo electoral y después desde ahí dirigir contratos y obras a los que los apoyaron y a los que les pagarán una coima adicional. Por eso no hacen control político o ejecutan bien las obras porque la finalidad es sacar el máximo provecho del presupuesto público para pagar sus campañas y consolidar sus empresas electorales que en muchos casos son familiares. A ellos no les interesa prepararse, rodearse bien o dignificar a los ciudadanos. El resultado es que acabamos con obras inservibles y mediocres o servicios públicos costosos e ineficientes.

Así pues, estamos en un círculo vicioso: Para tener políticos y líderes decentes necesitamos votar por ellos. Pero para eso necesitamos ciudadanos decentes que valoren la decencia; personas educadas con juicio crítico; ciudadanos consientes de sus derechos en vez de limosneros que se conforman con migajas. Pero para esto necesitamos líderes que inviertan en la educación y en la dignificación de sus ciudadanos. Eh ahí el círculo.

¿Cómo salimos de ese círculo? ¿Cómo podemos empezar a romperlo? ¿Somos consientes de que necesitamos romperlo para alcanzar un mayor bienestar en nuestro país? O ¿somos indiferentes? ¿Qué hacemos entonces? ¿Elevar las penas por corrupción o reformar la ley de contratación? En realidad, de nada sirve crear más instituciones y leyes o reformar las existentes si los individuos que las componen o deben obedecer no presentan un comportamiento ético. Se necesita un cambio de mentalidad, de actitudes y creencias. Como lo dice Antanas Mockus, necesitamos armonizar las normas legales, morales y sociales.

¿Estamos haciendo explícitos los mínimos éticos que una sociedad democrática debe transmitir? Necesitamos dejar la indiferencia, la doble moral y comprometernos. Necesitamos pensar más en términos del interés colectivo y asumir una posición valiente de rechazo, de denuncia y de sanción social hacia la cultura mafiosa. Recordemos que Martin Luther King decía que lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos.