Hace algunos días el DANE presentó el informe sobre pobreza y desigualdad para Colombia en el 2013. El porcentaje de personas en pobreza fue del 30,6% en comparación al 32,7% del año anterior y el porcentaje en pobreza extrema fue del 9,1% frente a 10,4% en el 2012.
Como era de esperarse, el presidente Santos mostró los resultados como un gran logro de su gobierno. Aunque es importante la tendencia positiva de las cifras, vale la pena hacer algunas observaciones sobre dos aspectos relevantes del informe que no fueron mencionados por el presidente.
En primer lugar, Colombia continúa siendo uno de los países más desiguales del mundo. El informe muestra también que el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad de ingresos– permaneció en el mismo valor de 0,539 puntos a nivel nacional; es decir que en Latinoamérica sólo nos superan Haití y Honduras.
Esa desigualdad es pronunciada sobre todo entre las grandes ciudades y el resto del país donde el porcentaje de personas en pobreza fue 42,8% y en pobreza extrema 19,1%. Según el informe, para el 2013 la pobreza en las zonas rurales es 2,5 veces mayor que la pobreza en las cabeceras.
Las investigaciones económicas recientes coinciden en que un mayor nivel de igualdad puede ayudar a sostener el crecimiento. Este se ve afectado por elevados niveles de desigualdad que impiden a los pobres permanecer saludables y acumular capital humano, generan inestabilidad política y económica que reducen la inversión y dificultan el consenso social requerido para ajustar la economía y garantizar el desarrollo sostenible. Por lo anterior, políticas de redistribución del ingreso –como, por ejemplo, proveer educación pública de calidad– pueden promover la igualdad y el crecimiento a la vez.
En segundo lugar, es necesario evaluar si dicha reducción en la pobreza es sostenible. Programas asistencialistas como Familias en Acción pueden proporcionar los ingresos necesarios para que más colombianos superen la línea de pobreza y dejen de ser considerados pobres. Pero si se analizan las cifras del índice de pobreza multidimensional (IPM) el porcentaje de personas en pobreza fue del 24,8% y para el resto del país fue del 45,9%, cifras mucho mayores que las de pobreza monetaria. El IPM es más completo y difícil de manipular ya que tiene en cuenta características relacionadas con la educación, salud, empleo, primera infancia e infraestructura del hogar.
Si estos programas paternalistas realmente no capacitan a los pobres para generar sus propios ingresos de manera autónoma y sostenible en el tiempo, las espectaculares cifras de reducción de pobreza que presenta el gobierno son una simple farsa. Con ese tipo de programas resulta fácil manipular los resultados y de paso mantener a una gran parte de la sociedad dependiente de la ayuda estatal y patrocinadora del clientelismo que está pudriendo nuestro sistema político.
Necesitamos, por el contrario, una nación de personas que puedan desarrollar sus capacidades y tengan las oportunidades para tener, por lo menos, lo mínimo para vivir dignamente. Una nación de ciudadanos conscientes de sus derechos en vez de un tumulto de mendigos suplicando las migajas de un Estado saqueado.
lunes, 31 de marzo de 2014
domingo, 16 de marzo de 2014
Propuestas post-elecciones
Pasaron las
elecciones parlamentarias y, por desgracia, el resultado no sorprende. Ya se ha
comentado bastante sobre la poca renovación del Congreso en términos de
candidatos y castas políticas. Salvo unos cuantos legisladores nuevos, la gran
mayoría de congresistas seguirán representando lo mismo. Adicionalmente, con la
victoria del Centro Democrático llega la extrema derecha del país con su
delirante fanatismo a tratar de torpedear el proceso de paz.
A lo
anterior se suma la débil legitimidad otorgada por los electores al congreso
entrante ya que fue elegido por tan sólo el 21% de la población apta para
votar; la abstención (57%), los votos nulos (10.5%), los votos nulos (5.7%) y
el voto en blanco (5.5%) representaron el 79% restante.
A partir de
estos resultados desalentadores, surgen algunas propuestas para, por lo menos, tratar
de contener el deterioro de la democracia representativa en Colombia. La
primera es la necesidad de generalizar el sistema de listas cerradas y acabar
con el voto preferente. Esto, junto con otras reformas, podría fortalecer los
partidos al obligarlos a actuar con disciplina y coherencia programática; no
como ocurre actualmente con las listas abiertas en donde se manejan campañas
personalizadas por parte de cada candidato.
Segundo,
urge una reforma profunda al Consejo Nacional Electoral (CNE), autoridad
electoral altamente politizada cuyos miembros son elegidos de acuerdo al peso
que sus partidos políticos tienen en el Congreso. Según Mauricio García y
Javier Revelo en el libro “Estado Alterado: clientelismo, mafias y debilidad
institucional en Colombia”, la reforma política del 2003 fortaleció la
influencia del Legislativo en el CNE al establecer que los magistrados serían
elegidos por el Congreso de la postulación que hacen los partidos políticos,
reduciendo las posibilidades que esa institución tenía para garantizar la
transparencia y la equidad de los procesos electorales. Los autores afirman que para garantizar la
legalidad del proceso electoral es necesario que el CNE sea independiente de
los partidos, del Congreso y del gobierno.
La
inoperancia del CNE la podemos ver reflejada en la falta de control en la
financiación de las campañas – que, en su gran mayoría, desbordan los límites
establecidos por la ley – y la posterior falta de sanciones. Al respecto, y
como tercera propuesta, también es necesario reformar el régimen que regula la
financiación de las campañas. Si bien las ventajas de la financiación pública
del total de las campañas no son claras, de acuerdo al análisis de García y
Revelo se debería fortalecer el financiamiento público indirecto y los
controles institucionales. Por ejemplo, se podría garantizar el transporte
público gratuito el día de las elecciones y prohibir los aportes de
contratistas o beneficiarios directos del Estado y de organizaciones sin ánimo
de lucro.
En este
mismo sentido y en relación con la primera propuesta, los analistas mencionados
proponen que los partidos sean los únicos responsables por el manejo de los
dineros y evitando la intervención de los candidatos, los cuales deberían
contar con una cuenta única para hacerlo.
Finalmente,
el elevado número de votos no marcados y votos nulos vuelve a evidenciar la necesidad
de implementar el voto electrónico. De igual forma la abstención de muchos
colombianos también ha llevado a que muchos propongan nuevamente el voto
obligatorio como solución incluso al problema del clientelismo. Sin embargo, en
ese caso ¿podemos esperar que esos colombianos votarán por candidatos íntegros
que los representen dignamente?
sábado, 8 de marzo de 2014
Victoria del voto en blanco
Hoy se presentan a las elecciones varios candidatos honestos,
competentes y que les duele Colombia. Desafortunadamente estos son muy pocos y,
como ya es costumbre, no podrán hacer mucho contra la gran mayoría que llegará
con el apoyo de sus empresas electorales y de las mafias. Sus costosas campañas
políticas nos permiten prever ya a qué llegaran.
De buena fe pondremos la esperanza en esos políticos rectos y lo
más probable es que la situación actual siga igual, a pesar de las buenas
intenciones. Las mayorías tradicionales impondrán su voluntad y aquellos
congresistas poco podrán hacer para impedirlo. ¿Que en algo los podrán
controlar? ¿Por qué conformarnos con eso? Acaso, ¿no merecemos mayorías que nos
representen dignamente?
Yo no quiero que las cosas sigan igual. Nos están violando y no
podemos quedarnos quietos. Con estas reglas de juego estamos perdiendo el
partido y no hay esperanzas de ganarlo. No lo juguemos en esos términos y
promovamos una ruptura o por lo menos un sacudón. Ya lo decía Alexis de Tocqueville:
“Una nación que no pide más que el orden ya es esclava en el fondo de su
corazón”.
El voto en blanco se presenta como una alternativa real que puede
darle sustancia al descontento general de los colombianos con su sistema
político. La victoria del voto blanco hoy dará una nueva esperanza. Nos permitirá
a los ciudadanos recordar que somos nosotros los que tenemos el poder y que
Colombia se merece y necesita mejores líderes. Nos despertará del letargo y nos
hará ver que es posible salir de esta situación exasperante.
Los partidos políticos tendrán que empezar a tomar al pueblo
colombiano en serio y presentar candidatos decentes; a ser conscientes de que
la clase media emergente exige respeto y una representación transparente y
honesta. Muchas más personas dignas de pertenecer al Congreso se sentirán motivadas
a postularse para las nuevas elecciones y la mayoría victoriosa de electores a
apoyarlos.
El voto en blanco no es la solución a todos nuestros problemas.
Sería ingenuo pensar así. La solución requiere tiempo y de la movilización
social, la mejora en la educación, la disminución de la desigualdad social
y el perfeccionamiento de la cultura
política de los colombianos.
¿Sapos en la olla?
Hay una
anécdota según la cual cuando se echa un sapo en agua hirviendo este salta
súbitamente; mientras que si se coloca en agua fría y se le calienta
lentamente, el sapo termina cocinándose sin ni siquiera enterarse.
Algunos
utilizan la anécdota para explicar cómo los humanos muchas veces tendemos a
acostumbrarnos a las situaciones adversas y a su progresiva degradación sin la
capacidad de reaccionar.
Eso es lo
que nos ha pasado a los colombianos con la corrupción en la política. Ya nos
hemos acostumbrado a que es algo normal, algo inevitable e inherente a esa
actividad. Es la aceptación implícita de que hoy la honestidad es imposible.
Todos
conocemos los problemas de pobreza, desigualdad, injusticia y corrupción que
impiden el desarrollo social y económico del país. Aunque nos quejamos e
indignamos esporádicamente, en el fondo nos hemos vuelto conformistas y
aceptamos resignadamente esa situación. El nivel de temperatura que va
descomponiendo el tejido social y la moral pública está lentamente aumentando
pero no lo percibimos en realidad.
Para
cambiar esa situación de letargo, esa parálisis mental, se necesita una
ruptura, un cimbronazo que nos despierte de la entumecimiento y nos haga saltar antes de que nos chamusquemos.
Por ello,
ahora estoy convencido de que el voto en blanco puede ser ese golpe que nos
ayude a darnos cuenta de la creciente putrefacción de nuestras instituciones y
del quehacer político. La victoria del voto en blanco en las próximas
elecciones parlamentarias puede hacernos conscientes de que los cambios que el
país requiere sí son posibles.
El pasado
jueves el editorial de El Espectador, reconociendo la fuerza que ha tomado en
las encuestas, afirma que “mucho más poderoso que la abstención, el voto en
blanco podría cambiar el curso de las cosas. Podría darle una cara a la
indignación social”.
La victoria
de esta expresión de inconformidad de la ciudadanía podría ser el detonante de
los cambios institucionales y de mentalidad que el país requiere. Ante la
inminencia del fin del conflicto armado, sobre todo ahora necesitamos de un
Congreso renovado que encarrile al país de una vez por todas en la senda del
progreso como lo hicieron, por ejemplo, Chile, Costa Rica y ahora Ecuador.
domingo, 16 de febrero de 2014
Congresistas: ¿Jalonadores?
En la actual campaña
electoral algunos congresistas que buscan ser reelegidos presentan como su gran
logro el haber “jalonado” o “gestionado” determinados recursos para la región. Sólo
algunos hablan de proyectos de ley que tramitaron a última hora para tratar de
salvar su cuestionada imagen.
Según la Constitución,
aquella labor de gestionar o administrar le corresponde a la rama ejecutiva y
no a la legislativa. Esta última se encarga primordialmente de la elaboración
de las leyes y del control político a la rama ejecutiva. Bajo esa lógica es que
los congresistas deben representar a sus electores. Esa división se ideó con el
fin de garantizar el equilibrio de poderes en un gobierno republicano.
En Colombia, uno de los
regímenes más presidencialistas de Latinoamérica, ha venido ocurriendo una
paulatina degeneración de esa arquitectura institucional hasta el punto que el
Congreso cada vez más se parece a un apéndice del ejecutivo. Esta distorsión ha
profundizado la centralización, el clientelismo y la corrupción; también la
ineficiencia administrativa porque los mandatarios locales requieren pasar más
tiempo en Bogotá buscando amigos y “gestores” en vez de utilizar los canales
institucionales.
Este proceso se ha acentuado
durante el gobierno del presidente Santos, quien no contaba con un capital
político propio y quien para asegurar la llamada gobernabilidad creó la Unidad
Nacional, una coalición de partidos que básicamente a cambio de burocracia y
presupuesto da trámite a los proyectos legislativos del presidente. Fue así
que, por ejemplo, apoyaron la centralizadora reforma a las regalías.
Muchos afirman que con las
nuevas tecnologías de la información se puede reemplazar la democracia
representativa por la democracia directa en donde los ciudadanos votan las
leyes sin necesidad de intermediarios. Cass Sustein en su libro “Republic.com
2.0” sostiene, por el contrario, que la democracia representativa seguirá
siendo necesaria debido a que la deliberación promueve la elaboración de mejores
leyes.
En Colombia, sin embargo,
pareciera que el nivel del debate en el Congreso ha decaído sustancialmente.
Reformas trascendentales para el país – como las de la educación, la salud, las
pensiones, la tributaria, la agraria y la justicia – no reciben la deliberación de altura que
requieren. Varias incluso son aprobadas a la carrera y a pupitrazo, ya que
muchos congresistas no representan el interés general sino intereses económicos
muy particulares que simplemente les dictan de antemano cuál debe ser su
posición.
Necesitamos que personas
conscientes de estos problemas renueven la forma de hacer política y lleguen al
Congreso a reversar el deterioro institucional, llevar a cabo la
descentralización prometida por la Constitución y representar realmente los
intereses de sus regiones y el país. Por eso no votemos por personas que con
sus prácticas políticas mantienen y
alimentan ese deterioro.
Neiva sin zonas verdes
“Está
haciendo bochorno” es una expresión común en Neiva utilizada para quejarse del
calor que, según algunas personas mayores, está aumentando en la ciudad. Dadas
las altas temperaturas resulta importante diseñar políticas públicas para
aliviar su efecto en el bienestar de los habitantes y los turistas.
Para estos
últimos resulta extraño, por ejemplo, que la ciudad no cuenta con zonas verdes
adecuadas para el esparcimiento y diversión de los neivanos. La tendencia
urbanística en las grandes ciudades modernas es privilegiar aquellas áreas, con
árboles y alrededor de ríos o lagos. Estas amplias zonas o parques ofrecen una
alternativa sana, barata, relajante, incluyente
e integradora para la sociedad en general y las familias en particular.
Acá, por el
contrario, pareciera que se privilegia el cemento. Un ejemplo de ello fue la
lamentable tala de los árboles que se ubicaban hasta recientemente en la anterior
Concha Acústica y, antes, el arboricidio de los samanes frente al estadio
Urdaneta Arbeláez, en pleno centro de la ciudad. De igual forma, a pesar de la
fortuna de tener el rio Magdalena y otras fuentes hídricas, su potencial no se
ha aprovechado hasta ahora. ¿A qué se debe esta miopía? ¿Falta de visión? ¿Será
que las “obras de concreto” son más
rentables para algunos miembros de nuestra clase política?
Algunas de
aquellas fuentes y humedales están siendo afectados por la creciente
urbanización descontrolada a los alrededores de la ciudad. De ahí que se
requiere de manera urgente la elaboración del nuevo Plan de Ordenamiento
Territorial, el cual debe estar soportado, entre otros, por un diagnóstico
ambiental y ecosocial serio que garantice la sostenibilidad de la ciudad y la
blinde contra los intereses económicos descoordinados que actualmente orientan
su fragmentada expansión.
Ese Plan
debe tratar de dotar de grandes parques y zonas verdes a la ciudad. Para ello se
debe evaluar, por ejemplo, la posibilidad de destinar para aquel fin los
terrenos actuales que ocupa la Novena Brigada y de esa manera dar protección
debida a las requeridas instalaciones militares en un área más adecuada.
Asimismo, es prioritario reconsiderar la intención de ampliar el actual
aeropuerto y más bien reubicarlo para aprovechar el terreno actual como zona
verde. Esto estaría más acorde con las tendencias urbanísticas y con la
expectativa de que el Huila se convierta en el largo plazo en un nodo logístico
multi-modal en el sur de Colombia, con lo que requeriría un aeropuerto aún más
grande.
Los parques
que existen en algunos barrios tampoco se pueden olvidar sino que se deben
acondicionar para el pasatiempo familiar. De igual manera, se debe desarrollar
un plan de arborización ambicioso que tenga en cuenta factores técnicos para
promover la bioregulación climática de la capital. En ese sentido, las palmeras
en las calles y ciclorutas no son una opción apropiada para refrescar la
ciudad.
En fin, se
debe reversar la tendencia a pavimentar todo y a deteriorar los recursos que
ofrecen servicios ambientales a los neivanos. Las zonas verdes y la naturaleza
en general son un activo que la ciudad
debe valorar y acrecentar.
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