¿Mujer carne de res?

El martes pasado Andrés Jaramillo, el propietario del restaurante  “Andrés Carne de Res”, sugirió que la supuesta violación de la que fue víctima una joven en el famoso establecimiento fue a causa de su minifalda. Para defender la tesis de que fue una relación buscada, Jaramillo  argumentó que “una niña que llega con un sobretodo y debajo una minifalda, ¿a qué está jugando?, y después para exculpar pecados diga que la violaron”.

Independientemente de si la versión de la joven de 19 años resulta ser cierta o no, el incidente representa una oportunidad para cuestionar nuevamente el papel que todavía juega el machismo en Colombia. Según el último Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD, los patrones culturales derivados del machismo se arraigan más en las poblaciones rurales que en las urbanas. Sin embargo, este caso evidencia que este mal en realidad penetra nuestra sociedad de abajo a arriba. Aunque el señor Jaramillo se codea con la crema y nata de la elite colombiana, su argumentación se parece mucho al popular “quien la manda a vestirse así” o al “pues si se viste así es buscando algo” u otros de similar galanura.

Razonamientos como estos serían impensables en un país más civilizado. Allá las mujeres se visten como se sientan mejor – incluso mucho más ligeras que acá – pero a nadie se le ocurre que eso pueda llevar a justificar una agresión sexual. Más aún, en la calle ningún hombre les dice cosas obscenas o las mira como un pedazo de carne de res.  Acá, por el contrario, muchas personas, hombres y mujeres, crecen pensando que ese tipo de comportamientos es inherente a la naturaleza masculina: “eso es normal en un macho”.

El machismo se percibe en muchas situaciones y costumbres en nuestro país. Por ejemplo, a muchas mujeres se les tiende a juzgar despectivamente por su comportamiento sexual – mientras que el mismo comportamiento en los hombres se alaba – y se les tiende a remunerar por debajo del salario de los hombres. Peor aún, a muchas mujeres todavía sus parejas las maltratan físicamente. Por ejemplo, según el reciente Informe Decenal de Cultura Ciudadana para Bogotá realizado por Corpovisionarios, el 8% de las lesiones de pareja fueron motivadas por el machismo.

Por eso el informe exhorta a que el problema de violencia intrafamiliar deje de verse como un asunto doméstico o privado, para ser entendido, intervenido y rechazado como un problema de violencia social. Como lo señala el informe, el trabajo preventivo con victimarios, la focalización en la violencia de pareja y el desmonte del machismo son necesidades apremiantes.

El rechazo social a los imaginarios basados en esa visión y la educación en todos los niveles son indispensables. Se necesita que a la mujer se le empiece realmente a valorar, que se destaque por su inteligencia y capacidades y no primordialmente por su apariencia física. Se necesita más el protagonismo de la mujer en la empresa, la política, las artes, la academia y las ciencias para que los roles modelo para las niñas no sean solamente los que representan las mujeres en Protagonistas de novela. 

Huila: ¿un lavadero?

Siempre he sentido admiración por las personas que se lanzan a crear empresa, que montan un negocio, que tienen la valentía de invertir e innovar esperando un mayor retorno. Y es que todo colombiano debe valorar la actividad de los emprendedores por su contribución al bienestar general y desarrollo del país.

Pero esa actividad debe ser legal de otra manera debe ser repudiada enérgicamente por toda la sociedad.

Algunas personas han sonado las alarmas de que en el Huila se está presentando y acentuando el fenómeno del lavado de activos. Sectores como el de la construcción, el turismo y la piscicultura, entre otros, estarían siendo infiltrados y presentando casos de lavado de activos.

Los huilenses no podemos tolerar este tipo de delitos por varias razones. Primero, el lavado de activos ilícitos es una actividad condenada por la ley, cuyo respeto garantiza el orden y la convivencia en una sociedad. Los recursos que se buscan legalizar provienen de actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando, la extorsión, el tráfico de personas; en fin, actividades que desde el punto de vista moral y humano no podemos apoyar.

De igual manera, el lavado de activos desestimula la economía legal y afecta a los emprendedores que honestamente han tenido la iniciativa de crear empresa y dar empleo formal. Muchos tienen que cerrar sus negocios porque no pueden competir contra otros que fueron constituidos como fachada para legalizar recursos ilícitos y se pueden dar el lujo de ofrecer precios mucho más bajos.

El lavado de activos muchas veces alimenta redes delictivas compuestas por narcotraficantes, guerrilleros, políticos y contratistas corruptos, bandas criminales y funcionarios públicos deshonestos. En ese sentido, contribuye también a acentuar la corrupción  y el subdesarrollo de la región.

Por último, y no menos peor, el lavado de dineros ilícitos fomenta la cultura mafiosa de dinero fácil que conduce a la degradación social y a la violencia. Recordemos, por ejemplo, el caso de Medellín y Cali. Estas ciudades vivieron bonanzas económicas temporales debido a estos dineros, las cuales fueron seguidas por años de violencia, miedo, captura de las instituciones por bandidos y degradación del tejido social y moral. Sólo hasta hace algunos años Medellín logró recuperarse en cierta medida y Cali hasta ahora lo está haciendo. Los huilenses no podemos ser de doble moral y pensar incluso que este fenómeno representa un beneficio.

El gobernador debe liderar una campaña integral contra el lavado de activos en el departamento, involucrando a la policía, la fiscalía, la DIAN, los gremios y a todos los demás entes de control. A la vez, con el fin de aumentar la movilidad social en el departamento, se debe invertir más en educación y, sobre todo, hacer un esfuerzo renovado y creativo para mejorarla. A los niños y jóvenes se les debe enseñar el valor del trabajo honesto, que el dinero fácil –por lo menos limpio – no existe. También se requiere de sanción social, es decir, que la sociedad no rinda pleitesía y rechace la actividad de los testaferros. Hay que parar a tiempo la cultura social tolerante de la ilegalidad mafiosa en el Huila. 

Competitividad y cambio estructural

Un mayor nivel de competitividad permite a un país soportar salarios altos, atraer más capital y, esperanzadamente, ofrecer un mejor nivel de vida a sus ciudadanos. Por tanto, la competitividad es un factor fundamental para garantizar el desarrollo económico de un país en el actual entorno global.

De acuerdo al Índice Global de Competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial, Colombia se ha mantenido prácticamente en la misma posición durante los últimos cinco años. Mientras tanto otros países de la región han logrado avances significativos, como es el caso de Brasil, Perú, Panamá y Ecuador.

Este último país mejoró en los dos últimos años 30 posiciones y sobrepasará a Colombia el próximo año si se mantienen las tendencias. El avance se debe, en particular, a una mejor percepción sobre la eficiencia del Estado en el uso de los recursos públicos, a un fortalecimiento de la infraestructura a través de la construcción de vías comparables a las del primer mundo y al aumento significativo de las tasas de cobertura en  educación básica y salud. De igual manera, avanzó en el tema de innovación y sofisticación debido a un aumento de la inversión de las empresas en investigación y desarrollo,  el trabajo conjunto entre las universidades y las empresas, y las compras del Estado a las compañías locales de tecnología.

Para lograr este tipo de transformaciones se requiere, por una parte, voluntad política y, por otra, la coordinación de esfuerzos públicos y privados para hacer frente a distorsiones y cuellos de botella que reducen la productividad, lo cual se conoce como Política de Cambio Estructural (PCE). Esta clase de política contiene estrategias tales como el desarrollo de clusters para las apuestas productivas de las regiones, el trabajo con universidades, la capacitación del capital humano, el uso de TIC y la oferta de instrumentos de financiación o de capital semilla. Según el Consejo Privado de Competitividad, la ausencia de una PCE que permita la articulación entre las diferentes entidades del Estado ha llevado a que los múltiples esfuerzos para transformar el aparato productivo del país no se hayan concretado en resultados específicos.

El país requiere de un esfuerzo concertado del Estado, el sector privado y la academia para diseñar una política de cambio estructural que le apueste verdaderamente a unos cuantos sectores estratégicos.  Para incrementar la competitividad del país estos sectores deben estar enfocados en la producción de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación. En ese sentido, en el caso del departamento del Huila nuestras apuestas estratégicas no pueden ser la cholupa, el café y los call-center.

 A pesar de lo anterior, debemos evitar caer en la lógica meramente economicista en donde la competencia desmedida determina la organización de toda la sociedad. La solidaridad debe permear también los arreglos institucionales y el desarrollo económico debe estar mediado por criterios sociales y ambientales. 

¡Esta vez tampoco fue!

El próximo mes de marzo los colombianos elegiremos a quienes nos representarán en el Congreso. En general parece que nos tendremos que contentar con lo de siempre: los políticos tradicionales o sus ahijados políticos, familiares y aprendices. ¡Esta vez tampoco fue!

Nos invitan a votar por los mismos que votaron a favor de aquel proyecto descarado de reforma a la justicia; los mismos que han provocado la crisis del sector agropecuario; los mismos que se han apropiado de las entidades públicas para desangrarlas y mercadear sus puestos; los mismos para los que el robo en la contratación pública se volvió una forma de vida. Los mismos con las mismas.

Seamos realistas y coherentes: el Huila no va a progresar mientras siga gobernado por estas personas y las costumbres que ellas representan.

Sin embargo, no seamos ingenuos al pensar que candidatos jóvenes por el solo hecho de ser “sangre nueva” representan una renovación. Si se han formado de la mano de los políticos tradicionales, ningún cambio pueden representar – por lo menos positivo. Ya ellos tienen el cinismo de afirmar con tono moralista  que “los electores han vuelto costosas las elecciones”. Ante la carencia de propuestas concretas, sus estrategias clientelistas de campaña los lleva a comprar solapadamente votos con motos, televisores y computadores. No nos deberíamos extrañar de que cuando llegan al poder se dedican a robar para pagar sus costosas campañas.

El clientelismo genera corrupción e ineficiencia en la administración pública; corroe el valor de lo público; convierte a los ciudadanos en limosneros y a los partidos en meras bolsas de empleos. Podemos mirar, por ejemplo, el incumplimiento y pérdida de miles de millones de pesos en la torre materno infantil del hospital y el reservorio de Neiva o en el distrito de riego Paicol-Tesalia.

Entonces, ¿debemos resignarnos y asumir que la política inevitablemente es corrupta? No. Eso sería como asumir que es no es posible que personas honradas aúnen esfuerzos para trabajar en una empresa o proyecto común con fines honestos.

Estoy convencido que dentro de los partidos tradicionales y sus descendientes es difícil implementar e institucionalizar las reformas que el país y el departamento requieren. El Huila requiere un movimiento político alternativo que demuestre que la política puede ser decente y mejorar la calidad de vida de todos los opitas. En Antioquia el movimiento Compromiso Ciudadano logró aglutinar a académicos, empresarios y ciudadanos inconformes con la política tradicional en un proyecto cívico que transformó a Medellín y ahora está transformando todo el departamento.

La conformación de un movimiento cívico de esta naturaleza, sin embargo, requiere tiempo y del trabajo perseverante y mancomunado de personas honestas, preparadas y hastiadas de la politiquería. Como en Medellín debemos pasar de la queja a la acción organizada para que la próxima sí sea. Sí podemos.

Colombia es realismo mágico

Muchas años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía podría preguntarse por qué Colombia no encuentra todavía la paz.

Y una vez más se estremecería con la comprobación de que el tiempo no pasa, sino que da vueltas en redondo. La historia de este país macondiano es un engranaje de repeticiones irreparables, una rueda giratoria que podría seguir dando vueltas hasta la eternidad, de no ser por la decadencia progresiva e irremediable del conflicto armado y la determinación de pararlo por parte de la mayoría de los colombianos.

Es como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro, y mantuviera a los habitantes de Colombia en un permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie puede saber a ciencia cierta dónde estaban los limites de la realidad. Nos podríamos preguntar qué cuernos es lo que está pasando.

Los gobernantes todavía son en muchos casos personas sin iniciativa y meras figuras decorativas. La única diferencia actual entre liberales y conservadores continúa siendo que los liberales van a misa de cinco y los conservadores van a misa de ocho. La inconformidad de los trabajadores y campesinos todavía se funda en la insalubridad de las viviendas, la inequidad de las condiciones de trabajo y el engaño de los servicios médicos. Aún los médicos no examinan a los enfermos y les ponen en la lengua una píldora del color del piedralipe, así tengan paludismo, blenorragia o estreñimiento.

Los decrépitos magistrados de las altas cortes que en otro tiempo eran insignia de ética y competencia, ahora desvirtúan estos cargos con arbitrios que parecen cosa de magia y comportamientos de sinvergüenzas. Es allí donde ilusionistas del derecho han demostrado que las reclamaciones de muchos periodistas sobre la crisis de la justicia no carecen de validez.

Con su terrible sentido práctico, Úrsula no podría entender el modelo económico de Colombia nuevamente enfocado en darle todos los privilegios al señor Brown para su negocio bananero y en cambiar pescaditos de oro por monedas de papel y mercurio de modo que tendremos que trabajar cada vez más a medida que más vendemos, para satisfacer un circulo vicioso exasperante.

Nos hemos llenado de mafiosos, testaferros de pacotilla, politiqueros inescrupulosos, que en pocos años, sin esfuerzos, a puros golpes de “suerte”, han acumulado grandes fortunas, gracias a la proliferación sobrenatural de sus bienes. Es como si sus yeguas parieran trillizos, sus gallinas pusiesen dos veces por día, y los cerdos engordaran con tal desenfreno, que nadie puede explicarse tan desordenada fecundidad, como no sea por artes de magia… negra. Úrsula sí entendería, en cambio, por qué un periodista alguna vez dijo en jeringonza amarantiana: “pafaísfi defe mifierfedafa”.

La suposición de que “Remedios”, la guerra, y sus poderes de muerte deben continuar está sustentada en intereses mezquinos o por lo menos en miedos exagerados. Tal vez, no sólo para rendirla sino también para conjurar sus peligros, bastaría con un sentimiento tan primitivo y simple como el perdón y la reconciliación, pero eso es lo único que no se le ha ocurrido a algunos. Quizá el prolongado encantamiento, la incertidumbre del mundo, el hábito de obedecer, han resecado en su corazón las semillas de la rebeldía que requiere la opción de la paz.

Otros prefieren vivir en un país mágico, anonadados por las funciones circenses de los mercachifles de diversiones y las ocurrencias de los asesores de imagen del presidente. Ante la compleja realidad del país, “Seguro que es un sueño”, insisten los crédulos. “En Colombia no ha pasado nada, ni esta pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz”.

De aquellos incestos con narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y corruptos, hemos nacido con cola. Pero somos una generación predispuesta para empezar la estirpe otra vez por el principio y purificarla de sus vicios perniciosos. Como dijo José Arcadio Buendía, “lo esencial es no perder la orientación”. Y en este relámpago de lucidez tenemos conciencia de que somos capaces de resistir sobre nuestra alma el peso abrumador de tanto pasado y podemos demostrar que no era cierto que las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.

¿Universidad pública gratuita?

El pasado fin de semana la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) aprobó la propuesta de ley que presentará para reformar la educación superior en Colombia. Una de las principales banderas de ese proyecto continúa siendo la exigencia de que la educación superior pública sea gratuita.

Si bien esta demanda puede parecer justa y urgente, me parece que en el contexto actual hay otras necesidades más apremiantes. Esa medida, incluso, podría tener consecuencias contrarias a lo que busca o por lo menos no contribuye a solucionar significativamente el problema de fondo.

Colombia es hoy un país con una alto nivel de desigualdad social y un bajo nivel de movilidad social en el sentido de que es muy probable que el que nazca pobre, muera pobre.
Particularmente la baja calidad en la educación básica para los estudiantes de estratos bajos hace más difícil que estos puedan ingresar y mantenerse en las universidades públicas; mientras que aquellos que pudieron pagar una mejor educación tienen mayores probabilidades de ser admitidos en las universidades públicas. Este es un factor más determinante que el costo de las matrículas.

Es por esta razón que mientras no se enfoquen los esfuerzos en mejorar la educación básica, hacer que la educación superior sea gratuita representaría en gran medida un subsidio a los que no lo necesitan – es decir, sería un subsidio regresivo – aumentando aún más la inequidad. Los países con educación pública gratuita y de calidad – por ejemplo Alemania y Francia – tienden a tener sociedades muchísimo menos desiguales que la colombiana y con sistemas escolares de primer nivel.

Por tanto, la prioridad del gobierno debe ser diseñar políticas públicas orientadas a mejorar la educación temprana y básica de las clases menos favorecidas. Se deben crear incentivos adecuados para que los niños desarrollen sus capacidades, la labor docente tenga un mayor  reconocimiento social y la sociedad en general valore más el papel de la educación.


Se debe tener en cuenta también que para que la educación de calidad permita reducir la pobreza y la desigualdad, la economía debe ofrecer oportunidades laborales formales y promover la innovación. Es en este punto que se deben centrar los esfuerzos de reforma a la educación superior. Para esto el Estado debe garantizar una adecuada financiación de las universidades públicas, promover el trabajo conjunto con el sector productivo y alinear la política macroeconómica con objetivos de inclusión social e industrialización.

En fin, el valioso aporte de los estudiantes universitarios a través de la Mane debe tener una visión más amplia de las necesidades educativas de las actuales y futuras generaciones